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Tenemos ya un acuerdo que permitirá pasar a la negociación nacional entre ministerio y Comunidades Autónomas (CC AA). Hay un marco, pero cada Estado tendrá que diseñar su propia Política Agrícola Común (PAC). Será importante esta negociación interna, dado que las exigencias a nuestros agricultores/ ... ganaderos van a ser mayores en el plano medioambiental (ecoesquemas). El 14 de julio tuvo lugar una reunión de la Conferencia Sectorial MAPA-CC AA dedicada al plan estratégico nacional, donde se presentó un documento-propuesta del MAPA, no votado ni aprobado, pero que generó reacciones encontradas entre los consejeros. Se seguirá negociando; difícil el consenso deseable, al ser nuestra agricultura tan diversa.
El contenido del acuerdo comunitario se recibió sin entusiasmo, aunque se reconocen algunos aspectos positivos. Las organizaciones profesionales agrarias (OPA) fueron críticas respecto a las consecuencias que sobre competitividad y rentabilidad de las producciones agrícolas/ganaderas tendrán determinadas medidas de la PAC 2023-2027. Algunas creen que las ayudas sufrirán recortes entre 2021 y 2027.
Veo aceptada la pluriactividad; el agricultor profesional es igualado con los demás. La figura del agricultor/ganadero genuino es insatisfactoria; basta con justificar un 25% de la renta de procedencia agraria, incluso de subvenciones, o estar registrado en la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia. Las OPA creyeron que esta vez que podía reforzarse la figura del profesional, que vive esencialmente del campo. Este punto es crítico en la negociación pendiente.
El pago redistributivo, otro punto crítico, a aplicar por vez primera en España, constituye un aspecto positivo para regiones como Cantabria, donde no hay explotaciones de gran dimensión; esperemos a saber qué porcentaje de fondos del primer pilar se le dedica. Merece también aceptación el incremento de fondos para jóvenes, hasta el 3%, signo de una mayor atención al relevo generacional.
Sobre la 'arquitectura verde' observo demasiadas exigencias ambientales/climáticas; destinar un 25% de pagos directos a ecoesquemas, a pesar de la flexibilidad durante 2023 y 2024, supone restar demasiado de las ayudas directas; se van a exigir más requisitos medioambientales con igual presupuesto. Confiemos en que nuestra disponibilidad de praderas y pastos ayude a suavizar esas consecuencias sobre la competitividad y rentabilidad de las producciones. Algunas OPA entienden que con los topes del 25% para ecoesquemas y del 35% del segundo pilar para objetivos medioambientales, se acrecienta excesivamente la ambición 'verde PAC', lo que entraña mayores exigencias para los agricultores/ganaderos y, correlativamente, costes productivos mayores.
Los ecoesquemas absorberán 1.200 millones de euros, el 25% de los pagos directos, serán voluntarios, pero habrá que acogerse a alguno de ellos para percibir sus ayudas. El ministro insiste en que los ecoesquemas serán accesibles a todos los agricultores/ganaderos. Pero, insisto, Pacto Verde y estrategias De la Granja a la Mesa y de Biodiversidad, sin un presupuesto acorde con tales objetivos, son problemáticas para el agricultor/ganadero, que deberá afrontar un incremento de costes. Temo que las ayudas asociadas, que aumentan al 13%, importantes para Cantabria, sufran algún recorte cuando se cuadren los porcentajes. Entre las reivindicaciones históricas de las OPA figura el techo de la ayuda básica a la renta por explotación, opcional para los Estados Miembros (EEMM), que se aplicará en España. Lo considero positivo para nuestra región porque implica mayor disponibilidad de fondos recuperados de los mayores perceptores.
La nueva PAC fortalece las medidas de gestión de mercados, aunque la Comisión se resiste a la regulación. En la PAC 2014/2020 tales medidas funcionaron deficientemente ante casos de graves perturbaciones en los mercados. El Parlamento Europeo esta vez ha conseguido que las crisis tengan un tratamiento más temprano, pero la gestión del mercado sigue sin ser abordada a fondo. Reducir al 1,85% las ayudas para alimentar la reserva de crisis (unos 450 millones de euros) se mantendrá, pero sus fondos ya no se devolverán a los productores cuando no se utilicen.
Finalmente, la pérdida de competitividad que implican los mayores estándares medioambientales y de todo tipo a los que se somete la producción agraria comunitaria, coloca a agricultores y ganaderos en inferioridad frente a otros países o bloques del mundo influyentes como exportadores en el mercado global, cuya competencia desleal no parece reconocerse hasta ahora por la propia UE, cuando se firman acuerdos de libre comercio, sin respetar la reciprocidad ni aplicar a las mercaderías importadas el cumplimiento estricto de nuestros reglamentos. Como resultado, se ofrece una PAC con amplio margen de subsidiariedad, más verde, que retribuye peor al agricultor, establece la aplicación por objetivos fundamentalmente medioambientales y tan burocrática o más que la precedente. Así las cosas, no me atrevo a asegurar que nuestros ganaderos vayan a percibir desde 2023 las mismas ayudas que en el período 2014/2020.
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