Claroscuros del derecho al aborto en Cantabria

–En 1985 se despenalizó el aborto en los supuestos de riesgo para la salud materna, anomalías fetales y violación.

–En 2010, con el impulso de Bibiana Aido, ministra de Igualdad, se reconoció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por libre decisión de las mujeres hasta la 14 semana de gestación.

–En 2014, la movilización de más de 100.000 personas frenó el intento del ministro Gallardón de ilegalizar las interrupciones por enfermedades y malformaciones fetales y provocó su dimisión. El PP tuvo que conformarse con hacer obligatorio el consentimiento parental para las jóvenes de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad.

–En 2023, la ley se ha reformado para, en palabras de la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, «remover los obstáculos que están impidiendo el derecho efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y a decidir sobre sus propios cuerpos» y establecer la obligación de las administraciones sanitarias de garantizar la prestación del aborto en los centros hospitalarios más próximos.

–El pasado mayo, el Tribunal Constitucional desestimó, tras casi 13 años, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, consagrando el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo hasta la semana 14. Y, hace apenas tres meses, ha considerado vulneración de derechos fundamentales el que una mujer tuviera que desplazarse fuera de su comunidad para interrumpir su embarazo. El Servicio Murciano de Salud tendrá que indemnizarla.

A pesar de estos avances, persisten numerosos obstáculos. Destaquemos dos: uno, la mayoría de las interrupciones son realizadas en centros privados, incluso cuando se han diagnosticado problemas fetales en el sistema sanitario público y el embarazo está avanzado o cuando se practica por graves problemas de salud materna; dos, las mujeres no acceden en igualdad de condiciones: miles de ellas tienen que desplazarse a otras provincias o comunidades con toda la problemática que ello conlleva para las pacientes. Un dato: en 2022, en Castilla y León fueron 2.000 las desplazadas.

El Servicio Cántabro de Salud y sus profesionales han demostrado siempre un gran compromiso con el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Somos una de las Comunidades donde más interrupciones se practican en el sistema público. Sin embargo, siguen sin atenderse los abortos voluntarios que, por sus semanas de gestación o porque la mujer rechaza el método farmacológico, requieren una intervención quirúrgica. Esto no suponía un problema porque estas mujeres se derivaban a clínicas privadas radicadas en Cantabria, pero desde su cierre el pasado año se han tenido que trasladar a Bilbao y actualmente a Valladolid o Madrid. En 2023 se han desplazado ya 48 mujeres para someterse a una operación con anestesia general, con dolor y malestar postoperatorio y nuevamente, al cabo de unos días, para la revisión.

En mayo, el Ministerio de Igualdad envió una carta a las autonomías para que garantizasen que el aborto se realice en la sanidad pública y cerca del domicilio de las mujeres. La nueva Administración sanitaria cántabra puede hacerlo y convertirnos en la primera comunidad que atiende en centros públicos todas las interrupciones de embarazo de la región. Le animamos a ello, cuenta con profesionales no objetores y con suficientes recursos. Las mujeres se lo agradecerán.

Desde la Comisión 8 de marzo Cantabria hacemos también un llamamiento a los profesionales sanitarios, que intervienen en la atención a este proceso: «Os necesitamos. Si contamos con vosotras y con vosotros se hará realidad que todas las mujeres que soliciten un aborto sean atendidas aquí, en Cantabria y no tengan que trasladarse a una clínica lejos de sus casas, sus familias y su entorno».