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La filtración del interrogatorio practicado por el juez instructor Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá nos ha respondido con creces a esa pregunta. Y ha echado por tierra las reglas de las actuaciones judiciales en las que confiábamos. Reglas que señalan la compatibilidad del respeto a ... la presunción de inocencia de la persona investigada con el respeto máximo a la denunciante y la aplicación de perspectiva de género en los interrogatorios a quien afirma haber sufrido un delito contra su libertad sexual. Esto creíamos que suponía una escucha atenta y activa de los supuestos hechos sin continuas interrupciones, el no cuestionamiento del relato de la presunta víctima o de su credibilidad, el evitar preguntas tendenciosas, el no prejuzgar sus manifestaciones, el no incurrir en prejuicios o en sesgos discriminatorio y, sobre todo, el no convertir a las mujeres que denuncian delitos sexuales en la persona juzgada. Y todo ello sin perjuicio de que se tengan que hacer preguntas incómodas y finalmente se adopte la decisión que el juez considere.
El juez Adolfo Carretero advirtió que, dada la naturaleza de los delitos sexuales, la búsqueda de la verdad suponía hacer determinadas preguntas. Y estamos de acuerdo con esta afirmación y también con que las preguntas tanto en el fondo como en la forma han de tener un límite: el de la dignidad de la víctima, del propio tribunal y hasta del acusado. Y es el caso que el juez Carretero sobrepasó todos los límites y degradó tanto la dignidad de la víctima como la de la propia institución de la Justicia.
La degradó a nivel semántico. El lenguaje empleado por Carretero no solo fue más propio de un garito que de un juzgado, sino que reflejó toda una concepción machista de las mujeres, la sexualidad y el erotismo: la mujer como un objeto a unas «tetas» pegado.
La degradó en el tono. La voz del juez Carretero sonaba no solo incisiva, sino agresiva. Gritó a la víctima, le interrumpía constantemente sin dejarle terminar sus respuestas, mostraba su desconfianza ante las palabras de Elisa Mouliaá, manifestaba desprecio a sus explicaciones, incluso llegaba hasta a ridiculizarlas con ironías zafias.
La degradó en el contenido de las preguntas que más que dirigidas a probar los hechos parecían enfocadas a socavar la versión de la denunciante, ofrecer la suya propia como más probable y a insinuar que la denuncia era un acto de despecho. Llegó a decir: «Es que no entiendo por qué se sintió usted violentada»; «¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle ese señor por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted?»
La degradó en las maneras. La mantiene de pie frente a un micrófono, la hace rememorar sin la menor empatía la agresión sufrida, la asaetea a preguntas sobre si la tocaron aquí o allá, si se resistió, si dijo no. «¿Se quitó las bragas?»; «¿Para qué se sacó el miembro viril?»; «¿No consintió nada?»; «¿Cuánto tiempo estuvo chupándole las tetas?; ¿Pero le dijo que parara?».
La degradó en el tratamiento desigual que tuvo con Íñigo Errejón. Mientras que con ella fue violento, manifestó dudas, presunciones torcidas, acidez inquisitorial; con él se mostró más neutral, llegando a veces a rozar el compadreo.
Pero, después de que ese interrogatorio nos haya abierto los ojos y ya conozcamos una de las razones por las que las mujeres no denuncian las agresiones sexuales, surge de forma inmediata otra pregunta. Aunque toda la propaganda institucional anima a denunciar a las víctimas de violencia sexual, a partir de ahora ¿qué mujer, que haya visto el interrogatorio de juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaá en el juicio contra Íñigo Errejón, se va a atrever a presentar una denuncia? ¿Qué mujer va a estar dispuesta a arriesgarse a pasar por una experiencia como esa? Pocas, muy pocas. A menos que actuemos de forma contundente frente a tamaña vulneración de derechos y maltrato institucional y reclamemos otra judicatura y el cumplimiento de las leyes existentes que obligan a garantizar un trato respetuoso y digno a las víctimas. Empecemos solicitando la inhibición inmediata del juez Carretero en el caso Errejón.
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