Se cierra el ciclo del 'procés'

La inclusión como independientes, en el Ejecutivo monocolor de ERC, de Joaquim Nadal, líder histórico del sector catalanista del PSC, y Gemma Ubasart, primera dirigente de Podemos en Cataluña, muestra una orientación hacia la izquierda tripartita. También, con Carles Campuzano, un guiño a los sectores de la vieja Convergència que se han resistido a romper la coalición gubernamental y abandonar sus parcelas de poder. Con el apoyo de solo 33 diputados de 135, se ciernen dudas razonables sobre la duración de este Gabinete, que puede contar con el apoyo de los Comunes y la benevolente ayuda de los socialistas, como se apresuró a manifestar Pedro Sánchez. Las municipales de mayo de 2023 podrían señalar su fecha de caducidad.

Tras las autonómicas de febrero de 2021, en plena pandemia y con una baja participación, se produjo el sorpaso de ERC por la mínima diferencia de un escaño respecto a Junts. Según los pactos suscritos desde las plebiscitarias de 2015, la presidencia de la Generalitat corresponde al partido independentista más votado, y la vicepresidencia y la presidencia del Parlament, al segundo. Esquerra cumplió sin rechistar estos acuerdos invistiendo a Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra. Cuando a Junts le ha tocado asumir estos pactos, se han multiplicado los problemas. Jordi Sánchez, entonces secretario general de la formación, expresidente de Omnium Cultural, condenado a nueve años de prisión e indultado, hubo de emplearse a fondo para vencer las resistencias de Waterloo, que a la postre le costaron su dimisión. Pere Aragonès, que previamente había cerrado un acuerdo con la CUP -ahora roto-, hubo de someterse a tres sesiones de investidura hasta conseguir los votos de Junts.

Desde entonces se sucedieron los choques entre los socios. El primero de envergadura se produjo con la pretensión provocadora de Junts de incluir en la mesa de diálogo con el Gobierno español -la apuesta estratégica de ERC- a miembros del partido que no formaban parte del Ejecutivo catalán. Aragonès tuvo que dar un golpe de autoridad y excluirlos de la mesa. Los desencuentros continuaron con temas de gran calado como, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Las tensiones llegaron al paroxismo con la suspensión, en aplicación del reglamento del Parlament, de Laura Borràs, presidenta de Junts, de su condición de diputada y presidenta de la Cámara, imputada por diversos presuntos delitos de corrupción.

Junts resulta una formación de aluvión, formada por elementos de muy diversas procedencias y restos de la vieja Convergència, cuya argamasa es el liderazgo carismático de Puigdemont y un discurso nacional-populista con numerosos puntos de contacto con movimientos europeos del mismo signo. La consulta de Junts a sus militantes también sirvió para dirimir la correlación de fuerzas en su seno: mientras las bases siguieron la consigna de Puigdemont y Borràs de romper con ERC, la mayoría de los cargos públicos votaron por permanecer en el Ejecutivo.

En los años del 'procés', el debate de política general de finales de septiembre servía de caja de resonancia de las masivas diadas independentistas y para señalar la hoja de ruta para alcanzar la independencia. En esta ocasión, la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) organizó una Diada contra Esquerra con durísimas críticas a la mesa de diálogo, considerada una trampa del Gobierno español para anestesiar al independentismo y devolverlo al redil autonomista. Quizás, en vísperas del quinto aniversario del 1 de octubre, la dirección de Junts calculó que Aragonès acabaría cediendo al clamor de los sectores más movilizados del secesionismo.

La ruptura de la coalición señala el punto de inflexión de las turbulencias y convulsiones políticas que han seguido al fracaso de la vía unilateral ensayada en septiembre y octubre de 2017. Un divorcio que responde a divergencias de carácter estratégico entre ambas formaciones.

Desde Junts se insiste, contra todas las evidencias, en la validez de la vía unilateral, basada en la legitimidad del 1 de octubre. La nación catalana se autodeterminó entonces, y ahora solo resta implementar la independencia. La propuesta quebequesa de ERC presupone declarar amortizada esa supuesta legitimidad y obliga a recorrer el largo camino de ampliar la base social hasta conseguir una amplia mayoría -ahora inexistente- de la sociedad y negociar con el Gobierno central las condiciones para convocar un referéndum de autodeterminación vinculante y reconocido internacionalmente. De modo que, implícitamente, se entierra el ciclo del 'procés' inaugurado hace doce años.