Cita previa para votar

El problema se planteó cuando los ciudadanos vimos cómo se iba normalizando la vida diaria, tanto en los centros comerciales como en el transporte o en los lugares de trabajo y de ocio, pero sin embargo la administración pública seguía, en muchos de sus organismos, con las mismas medidas restrictivas, en los que si querías hacer cualquier gestión de forma presencial tenías que recurrir, en el mejor de los casos, a la cita previa, la que debías obtener por teléfono o internet. Pero si llamo una y otra vez y no me cogen el teléfono, es frecuente oír en la calle. Y luego, cuando consigo una cita, me hacen esperar en la calle cantidad de tiempo, llueva o haga sol. Bueno, todo sea por la seguridad de los funcionarios, dice el conciliador que siempre hay en toda discusión. Sí, afirma el discutidor -que nunca falta en tales ocasiones-, pero en ese caso, en cuanto salgan de la oficina que se metan directamente en su casa, porque lo que no es lógico es que no puedan recibirme a mí en su oficina, protegidos con una mascarilla y tras una pantalla, y luego estén en la barra del bar con otras muchas personas sin mascarillas ni protección alguna.

Si la gestión presencial es importante en cualquier oficina de la Administración ésta lo es mucho más en las de la Seguridad Social, en las que son muchas las personas mayores que diariamente tienen que realizar gestiones administrativas o consultas y que sin embargo se ven ante la obligación de tener que obtener antes una cita previa, eso si no le dicen que tal operación solo puede hacerla vía internet. Claro que, si después de una jornada de pelea telefónica para conseguir una cita tiene la desgracia de sufrir un robo y va a las oficinas policiales situadas en el centro de nuestra ciudad, se encontrará con que el policía situado en su entrada le dirá que no, que allí no puede hacerla, que tendrá que ir a la sede de la policía en la Avenida del Deporte, para lo que precisará coger el coche, un taxi o, como mínimo, el autobús.

Y es que parece que muchos organismos públicos han aprovechado esta pandemia para reducir los servicios que hasta ese momento nos venían prestando a los ciudadanos. ¿Quiénes son los responsables de tal reducción? Desde luego no los funcionarios, al menos la gran mayoría, pues no son ellos quienes toman las decisiones de dónde y quién presta un determinado servicio y dónde y cómo el ciudadano tiene que realizar una determinada gestión. Entonces, ¿quién? Indudablemente los políticos que los dirigen.

Reciente está el movimiento popular que se produjo con motivo de las limitaciones impuestas por la banca a pensionistas y personas mayores, a los que limitaban los horarios para hacer las operaciones bancarias o les obligaban a hacer las mismas a través de internet o de cajeros automáticos. El lema de dicho movimiento, dirigido por un médico jubilado, tan sencillo como certero, de 'somos mayores, no idiotas', causó un impacto enorme y tanto las altas direcciones de los bancos como el propio Gobierno tomaron cartas en el asunto y adoptaron medidas urgentes para corregir la situación.

Sin embargo, al mismo Gobierno que tomó rápido partido por los ciudadanos tan pronto se hizo público su malestar contra los bancos, no parece importarle lo más mínimo que su propia administración trate a esos mismos ciudadanos de mala manera. ¿Esperará a que se organicen campañas de protesta contra tales organismos en las que se les recuerde a sus dirigentes que son esas personas a las que no prestan atención las que pagan sus sueldos? Claro, que también puede ocurrir que los votantes, cansados de que nadie les haga caso, cuando lleguen las próximas elecciones exijan cita previa para ir a votar para que así los políticos se enteren de quienes son los que les ponen donde están.