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La inflación se ha instalado en las economías occidentales en un nivel desconocido durante bastantes décadas situándose por ello en el centro de las preocupaciones de las familias, empresas y gobiernos. En una ronda inicial la inflación comenzó a subir cuando comenzábamos a salir de ... la pandemia. La demanda embalsamada durante el covid y los problemas en la cadena de suministros fueron la causa que la provocó. En esos momentos todos los organismos (OCDE, bancos centrales, FMI), instituciones de análisis económico y gobiernos la consideraban coyuntural. No obstante, los gobiernos tomaron decisiones. En concreto el Gobierno de España tomó medidas para paliar el precio de la electricidad rebajando la tributación de la misma que en términos netos implicará una bajada de impuestos por valor de 2.300 millones de euros.
La guerra de Putin ha convertido la inflación coyuntural en estructural. Ha provocado un enorme malestar social, pues la inflación daña a las familias, especialmente a las más vulnerables, los autónomos y las empresas. Empobrece al conjunto del país, aunque a río revuelto también hay ganancia para los especuladores. Todo ello ha obligado a actuar, de nuevo a los gobiernos y a la Unión Europea.
En el caso de España el Gobierno ha presentado un paquete de medidas por valor de 16.000 millones de euros con ayudas directas al conjunto de la población (los 20 céntimos por litro de combustible) y a los sectores afectados. En otro plano ha conseguido un acuerdo histórico en el UE: la insularidad energética de la península ibérica. Implica un cambio sin precedentes y salta una línea roja que parecía imposible: la intervención en los mercados cuando estos no funcionan adecuadamente. Si se acepta la propuesta de España y Portugal, el precio de la luz bajará en España un 60% en las próximas semanas.
En paralelo el Gobierno de España ha presentado a la UE, junto con los Países Bajos, un documento transcendental para flexibilizar el Pacto de Estabilidad lo que permitiría a los gobiernos una mayor capacidad de actuación presupuestaria ante la economía de guerra en la que nos encontramos. Lo importante es que el documento lo firman los gobiernos de dos países que ha venido representando en el pasado la antítesis en esta cuestión. Países Bajos defensores de la ortodoxia extrema, que llevó al austericidio en la anterior crisis y España abogando por criterios más flexibles.
El Gobierno de España ha hecho los deberes en el interior del país y, lo que sin duda es más importante, también en Europa para lograr un marco de actuación que permita tener más herramientas en el interior.
¿Y la derecha con opciones de gobierno que propone? Ya lo saben ustedes: para cualquier cosa bajada indiscriminada de impuestos. En palabras de Nuñez Feijóo «es posible bajar impuestos, es obligatorio, mejorar los servicios públicos, es nuestro objetivo incrementar la inversión cuadrando las cuentas públicas».
Si esto fuera posible la Comunidad de Madrid (paradigma de bajos impuestos) debería de tener una sanidad pública modélica. Sin embargo, es la región con menos gasto sanitario público de España, el 3,7% del PIB frente al 5,6 de media. Es la segunda que menos gasta por habitante, solo por delante de Andalucía. Madrid invierte 1.340 euros por habitante y año en sanidad pública frente a los 1.895 de Cantabria. Es la comunidad que menos dinero público dedica a la atención primaria y la que menos personal de enfermería tiene de toda España. Acaba de despedir a 6.000 de los 11.000 profesionales sanitarios que contrató hace dos años para hacer frente al covid, mientras la lista de espera supera el medio millón de personas. No, bajar impuestos no fortalece los servicios públicos.
Tenemos que afrontar las necesidades de una economía de guerra, para lo cual necesitamos disponer de recurso públicos. Con una presión fiscal por 4,3 puntos por debajo de la media de la UE y una difícil situación de déficit y deuda. España no tiene margen para bajar impuestos. En Europa, ningún gobierno, conservador o socialdemócrata, ha implantado una bajada indiscriminada de impuestos en estos momentos.
Como punto final, una bajada de impuestos, siguiendo el discurso de la derecha, supone dejar el dinero en el bolsillo de los españoles, lo que implicaría un incremento del consumo y con ello aumentar más la inflación. Estamos ante una propuesta que no sólo no ataja el problema, sino que lo empeora.
La situación es compleja y no tiene una única ni fácil solución. Requiere un reparto justo de los sacrificios que hay que asumir por el conjunto de la sociedad. Lo que supone gestionar algunos intereses y necesidades contradictorios. Sería deseable que un partido de gobierno, como el PP, salga de la lógica de las soluciones fáciles e inoperantes (seña de identidad de los populismos) frente a los problemas complejos.
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