Comisiones de seguimiento

Cuando se forma en un municipio, parlamento autonómico o nacional una comisión de investigación estamos, en general, ante un acto forense. Algún proyecto ha sido fallido y se quiere averiguar la razón o, para ser más exactos, buscar un responsable del desastre, e incluso intentar utilizar el dictamen como instrumento en la pugna política.

Bien está conocer lo sucedido, detectar los errores e incluso indagar sobre posibles responsabilidades y delitos, pero se trabaja sobre unos hechos que ya no tendrán solución. Son indagaciones a posteriori. En cambio, las comisiones de seguimiento apenas existen y en Cantabria son desconocidas. Esa variante de equipos de trabajo si sería útil y efectiva.

Un ejemplo cercano lo tenemos en la paralización de la obra, iniciada hace años, para depurar las aguas de las marismas de Santoña y de la cuenca del río Asón. El proyecto se inició hace dos décadas y lleva años paralizado, tras una inversión millonaria. El partido local 'Santoñeses' ha denunciado este verano esa situación que supone, no solamente un derroche de dinero del contribuyente, sino también un ejemplo de la ausencia de control sobre las actuaciones del ministerio que realizó el proyecto y sacó la obra a concurso público.

Durante años, ha habido un silencio sobre lo sucedido en la construcción de ese plan de regeneración de las aguas residuales de la cuenca del Asón. Ahora, se expone a la luz el fracaso de un proyecto esencial para la zona oriental de Cantabria, como lo fue, en su día, el saneamiento de la bahía de Santander.

En este caso, como en otros muchos, lo eficaz es una comisión de control sobre la evolución del proyecto. Un pequeño grupo de expertos podría inspeccionar el avance de determinados contratos y hacer públicas sus conclusiones, de manera que la opinión pública sepa la razón de ese retraso o por qué durante tres años no se ha avanzado casi nada en la adjudicación de las obras de la vía férrea entre Palencia y Aguilar de Campoo.

En pocos meses habrá elecciones autonómicas y municipales en Cantabria, llegan las prisas y las denuncias. Cuatro años apenas aprovechados para avanzar, mientras se mantiene silencio. La firma de un acuerdo entre el Gobierno de Cantabria y un ministerio debería ir acompañada de la formación de una comisión, independiente, que cada trimestre informara sobre la marcha del proyecto.

El control sobre las diferentes administraciones públicas es esencial para el buen funcionamiento de las instituciones. Cuando el plan general de urbanismo de un municipio, que apenas tiene los habitantes de un barrio madrileño o barcelonés, lleva elaborándose lustros resulta obligado explicar las razones y mantener un control sobre los avances que se registran. La misma fórmula es válida para otros muchos casos. Nada sabemos las razones de la parálisis del proyecto del ministerio sobre la demolición de la escollera de la playa de la Magdalena. Una comisión de seguimiento podría informar, de manera adecuada, de la situación del proyecto.

La vieja conseja de que es mejor prevenir que curar se debe aplicar en estos casos. Para evitar demoras, que perjudican de manera grave el desarrollo de mejoras para todos los cántabros, lo útil es mantener un control estricto sobre la ejecución de los proyectos. De esa forma se pueden detectar los problemas y resolverlos sin esperar a que pasen los años y finalmente, percibamos que se ha perdido un tiempo precioso.

Los acuerdos, convenios o compromisos entre diferentes administraciones o entre una entidad pública y una empresa privada deberían someterse a un control que impida retrasos injustificados y que informe, si es el caso, de las razones existentes para que no se cumplan los plazos previstos. ¿Qué explicación se ofrece para la lenta marcha de la obra del intercambiador de autovías en la zona de Torrelavega?

La vigilancia sobre el cumplimiento de los contratos es más importante que la propia adjudicación y, por ello, es imprescindible un seguimiento detallado del calendario previsto para cada iniciativa.