Confederados (y confinados) por Real Decreto

En 1833, Javier de Burgos, al comienzo del reinado de Isabel II y bajo la regencia de su madre la reina María Cristina, puso en marcha una reforma administrativa de gran calado en aquella España tan convulsa y agitada por la primera guerra carlista: introdujo las provincias para mejorar el control y la gestión del país dejando atrás el Antiguo Régimen. Para establecer estas nuevas divisiones geográficas, se inspiró en los departamentos franceses posrevolucionarios y adoptó criterios racionales en términos de:

-Extensión, de acuerdo con las infraestructuras de la época, la distancia máxima a la capital de la provincia era un día de viaje;

-Población: unidades administrativas entre 100.000 y 400.000 habitantes.

-Coherencia geográfica, de acuerdo con los accidentes naturales.

Esta división, que buscaba mejorar la igualdad en el trato, dejó poco hueco para las reivindicaciones históricas: apenas se mantuvieron ciertos 'enclaves' y se conservó la singularidad de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. En los últimos 40 años, España ha vivido un proceso de refuerzo de las comunidades autónomas que ha dado lugar a uno de los países más descentralizados de nuestro entorno. Ahora bien, en términos de gestión, la descentralización en sí misma no es ni buena ni mala: será una medida más o menos acertada en función de su contribución al resultado perseguido.

En las escuelas de negocio enseñamos que en el sector privado, cuando una empresa abordaba un proceso de descentralización en la toma de decisiones, asumía ciertas pérdidas de sinergias operativas y generación de sobrecostes en aras de una mayor agilidad respecto al modelo de toma de decisión centralizada, donde el alineamiento corporativo suponía una mayor lentitud en la ejecución. Sin embargo, hoy en día, este debate se está superando debido a las posibilidades tecnológicas de las que disponemos (robotización, Big Data, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, etc...) para obtener y procesar datos que nos permiten tener una visión holística del desempeño de la organización casi en tiempo real y decidir en consecuencia, sin el riesgo de perder sinergias o actuar más tarde que nuestros competidores.

Volviendo a la pandemia que nos azota, cabe preguntarse si la 'cogobernanza' planteada entre el Estado y las comunidades autónomas para gestionar esta etapa de la pandemia ha resultado eficiente, es decir, si ha permitido optimizar los recursos existentes para prestar el mejor servicio a los ciudadanos en estos tiempos tan complejos. La cogobernanza no deja de ser un eufemismo para definir lo que, desde un punto de vista práctico, es una suerte de confederación donde la fragmentación regional en la toma de decisiones ha profundizado en la situación de desigualdad de los españoles. ¿Tan distinta es una persona de Reinosa de un habitante de Aguilar de Campoo para que los protocolos de actuación ante la pandemia sean distintos? ¿Tan diferente es alguien de San Vicente de la Barquera de quien viva en Llanes? ¿Acaso los santanderinos son tan distintos de los madrileños, sevillanos, bilbaínos..., que requieren de unos procedimientos y medidas diferenciados?

Menos mal que no somos malpensados, si no concluiríamos que se ha buscado, con la connivencia de la mayoría de los medios de comunicación, una 'gestión del relato' más que una gestión de la crisis sanitaria con el fin de asignar ante la ciudadanía las buenas noticias -compra de vacuna, una hipotética victoria sobre el virus, el reparto de fondos europeos...- a una administración y las malas noticias -restricciones, defunciones, parálisis económica...- a otra.

Menos mal que no somos malpensados, en caso contrario estaríamos escandalizados porque entenderíamos que el estado de alarma asociado a la pandemia se habría aprovechado para adoptar medidas -educación, política territorial, ocupación ilegal, pensiones, etc...- sin el control parlamentario habitual.

Menos mal que no somos malpensados, si no estaríamos muy preocupados porque ciertas CC AA estuvieran aprovechando estas circunstancias para reforzar su poder respecto a otras instituciones, en lugar de trabajar conjunta y lealmente con el resto de los niveles de Administración del Estado para resolver los problemas.

Menos mal que no somos como los malpensados que insisten en que ciertos líderes políticos están aprovechando la situación para hacer campaña y aumentar su proyección regional o nacional, en lugar de facilitar la colaboración entre los eslabones de nuestro complejo entramado competencial para conseguir una mejor solución a la crisis sanitaria, económica y social a la que nos enfrentamos. Menos mal.