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La innovación es la vía para alcanzar no sólo objetivos económicos sino también sociales, medioambientales y, como ya no olvidaremos, de salud pública. El Consejo de la Unión Europea emitió el pasado 20 de mayo unas recomendaciones sobre el Plan de Estabilidad 2020 de España ... para los ejercicios 2020 y 2021 en las que se sugería que además de combatir eficazmente la pandemia provocada por el coronavirus, resulta imprescindible desarrollar herramientas para sostener la economía y respaldar su posterior recuperación. Para ello, entre otras cuestiones, se pone el foco en asegurar la aplicación efectiva de medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, particularmente, evitando retrasos en los pagos; anticipando los proyectos de inversión pública que se encuentren en una fase avanzada de desarrollo y promoviendo la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Se recomienda también centrar la inversión en la transición ecológica y digital y, especialmente, en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, las infraestructuras energéticas, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible. Por supuesto trabajando para reforzar el sistema sanitario en lo relativo a sus trabajadores, los productos médicos y las infraestructuras esenciales.
De manera paralela y a falta de concluir las negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros sobre las perspectivas financieras para el período 2021-2027, la Comisión Europea propone en el marco del Feder, continuar con la concentración de las inversiones en aquellas áreas de mayor valor añadido para la UE (innovación y economía baja en carbono). En el caso de España, por tener un PIB entre el 75% y el 100% de la UE, el 45% de sus inversiones deberán dedicarse a la innovación, la digitalización y la competitividad de las pymes. En concreto, los ámbitos prioritarios de inversión en innovación marcados entre los servicios de la Comisión y España son: mejorar las capacidades de investigación e innovación del sector público y las empresas; mejorar la transferencia tecnológica y la cooperación orientada al mercado entre empresas, centros de investigación y universidades así como estimular la cooperación interregional en nuevas cadenas de valor.
Hace unas semanas se publicó el informe Cotec 2020 sobre el estado de la I+D+i en España y en el contexto global. A pesar de que las cifras nos vuelven a dejar fríos, cada vez queda más claro para todos que la innovación, es la vía para alcanzar objetivos económicos pero también sociales, medioambientales y, como ya no olvidaremos, de salud pública. Los procesos de innovación tienen que abrirse a la sociedad buscando la interacción entre diferentes actores que incorporen diversidad en el conocimiento para dar respuesta a los grandes desafíos sociales y ambientales que tenemos sobre la mesa.
En cuanto a las conclusiones del informe como dato positivo cabe señalar que la tasa de inversión en I+D+i a nivel nacional se ha incrementado un 6,3% hasta los 14.946 millones, situándose en el entorno de los niveles alcanzados en el 2008, previo a la crisis financiera. Destaca el esfuerzo realizado por el sector privado que ha crecido un 9,3% hasta los 8.484 millones de euros. Este esfuerzo inversor, a su vez, se ha financiado en un 70% con recursos propios. Por sectores, la financiación con fondos propios de la I+D+i en el sector industrial (79% del total) es significativamente superior al sector servicios, donde se observa un mayor equilibrio entre fondos propios (53%) y fondos ajenos (47%). Sin embargo, España sigue estando muy lejos (1,4% sobre el PIB) del objetivo del 2% que el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación mantiene para 2020 y que ya no será posible cumplir.
Por el lado menos optimista, destaca que el aumento de inversión en I+D+i en España en el período 2009-2018 del 2,5% es sustancialmente inferior a los crecimientos observados en las otras cuatro grandes economías europeas: Alemania (38%), Reino Unido (21%), Italia (17%) y Francia (12%). En la comparativa entre España y Europa llama la atención el comportamiento de la inversión pública cuyo crecimiento acumulado en España entre 2010 y 2018 es negativo (-9,8%) frente al incremento del 10,5% observado en Europa. A esto hay que sumar que, en 2019, el volumen de ejecución presupuestaria pública a nivel estatal en materia de I+D+i, un dato del que pocas veces se suele hablar, se situó en un 51,3%, uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años.
Por comunidades autónomas, Cantabria se sitúa en un 0,83% de inversión en I+D+i sobre el PIB, muy por debajo de la media española situada en el 1,24%. Sólo hay cinco comunidades con un nivel de inversión superior a la media (País Vasco: 1,96%; Madrid: 1,71%; Navarra: 1,68%; Cataluña: 1,52% y Castilla León: 1,3%). A su vez Cantabria, junto con Extremadura y Asturias, acumula la mayor brecha negativa de recuperación de inversión en I+D+i tras la crisis económica. Aunque queda un largo camino por recorrer, resulta evidente que el conocimiento y la innovación serán las mejores armas frente a futuros 'shocks' globales, y también para alcanzar un equilibrio entre el bienestar social, la prosperidad y la sostenibilidad ambiental.
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