La Constitución de Morata

El principal deslegitimador del Tribunal es el propio Gobierno y, dentro de él, incluso ministros que vienen de la magistratura y que piensan que, por ello, pueden propinarle al barón de Montesquieu una patada en el 'culotte' y ejercer a la vez los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Han de elegir: si quieren sentenciar, deben dejar de gobernar; y si quieren gobernar, sobre las sentencias tienen que callar, y respetar a los magistrados que las ponen.

Que las restricciones del estado de alarma y su prolongación suponían fortísimas cancelaciones de derechos individuales es algo que entiende cualquiera. Que la fórmula legal para disponer de esos derechos desde el Estado tenía que ser una con especial apoyo y control al Gobierno desde el Congreso, también se entiende, porque es una necesaria garantía democrática. Los que dicen que el estado de alarma frenó la pandemia no responden a nuestra pregunta como ciudadanos: también con otras medidas iguales o más fuertes se podría haber frenado, el tema es que esas medidas alternativas implicaban más control del Parlamento al Gobierno, y el Gobierno es débil y no quiere control parlamentario. No estamos hablando de lo que frenaba al virus, sino del tipo de freno que suponía más garantía para nuestros derechos democráticos. En defender lo contrario, un magistrado del Constitucional, antiguo Fiscal General nombrado por el PSOE, ha llegado a faltar al respeto a sus compañeros que mayoritariamente eran de otra interpretación jurídica, por lo cual ha tenido que pedirles disculpas. La Constitución no es el penalti de Morata ni caben hooligans en el Tribunal que la interpreta.

La evolución institucional de España es pésima. Lo del emérito ya lo he comentado otras veces. Fue ilegal el nombramiento de la administradora única de RTVE. Fue ilegal la norma que modificó la Ley del Centro Nacional de Inteligencia para encasquetar al vicepresidente podemita en su seguimiento. Ha sido inconstitucional recurrir al estado de alarma y no al de excepción. Ha tenido que frenar Bruselas la reforma con la que se quería controlar partidistamente el órgano de gobierno de los jueces. Esta misma semana, otro toque más del comisario europeo del ramo. Se está actuando con un abuso evidente de la figura del decreto ley, pervirtiendo el normal procedimiento de debate legislativo y generando algunas chapuzas de aúpa. Se ha hecho incluso que la Presidenta del Senado diera por nula una votación sobre el IVA de las peluquerías, que al Gobierno disgustaba. Por no mencionar que se trajo a España al líder del Frente Polisario, con sucesivas explicaciones, cada cual más pintoresca, sobre la documentación que se requirió a dicha persona. Les faltó decir que había llegado a Logroño en patera Ebro arriba.

Hay ministros, afortunadamente ya exministros, que han atacado al Tribunal de Cuentas por querer recuperar para los españoles el dinero malversado por ciertos independentistas catalanes en operaciones ilegales. Si robas un gallina en Reus, a la cárcel. Si robas a todos los catalanes, perdonado. Por último, para no hacer la lista más larga, citemos el desdén hacia la Fiscalía General del Estado al situar en ella a alguien recién salido del Consejo de Ministros. ¿Es requisito imprescindible, para defender el interés general de los españoles en los procesos, haberse peleado políticamente con media España? Pues seré un filósofo raro, pero me parece un demérito: un ciudadano no debería ir a un pleito dudando de si el Ministerio Público se acaba de privatizar. Habría que pausar mucho más el retorno desde lo político a lo jurídico público. La política es pasión de partido y la justicia, imparcialidad. Hay que descomprimirse, lleva tiempo.

El lendakari Urkullu ha hecho lo que no nuestro Gobierno de Cantabria: escribir a Pedro Sánchez para reclamarle una norma estatal que ampare las restricciones autonómicas contra el covid-19. Tiene su paradoja que el nacionalismo vasco deba recordar a España sus deberes, pero así ha de ser desde que España se gobierna con la venia de los bilbaínos Jardines de Albia. Esa carta revela el deterioro de nuestra democracia: la nacionalidad vasca invocando el poder de la nación española... ¡y en vano! Esa norma no se puede llevar al Parlamento por una óptima razón: que a lo mejor la rechaza. Y, ante este horror democrático, el espectro de Theresa May, el Gobierno prefiere que cada tribunal superior autonómico y cada gobierno regional hagan una cosa diferente, y que ahí se las den todas. Ese es el patriótico mensaje de quienes dan lecciones de primero de Derecho al Tribunal Constitucional: la manera de proteger a los españoles contra el covid es proteger al Gobierno contra sus propios socios. El viejo «cuerpo a tierra, que vienen los nuestros».

Y así me encierran de 1 a 6 en casa (aun vacunado, enmascarado, con manos chorreantes de hidrogel y socialmente más distante que el Atleti de la Champions) sin verdadera norma del Congreso que ampare semejante 'cepillado' sumarísimo de mi derecho de circulación y reunión, que un día creí fundamental, pero ahora veo que es residual y a disposición poco menos que de un alcalde pedáneo. ¿Por qué pedir normalidad democrática parece hoy un acto subversivo y como de nacionalista vasco con segundas? ¿No debería la autonomía de Cantabria defender también nuestros derechos y sus facultades?