Constituyentes y reconstituidos

Casi simultáneamente, los estudiantes se han unido a través de change.org reclamando una prueba única de selectividad para toda España. Pues, actualmente, la heterogeneidad de nivel entre unas y otras comunidades presiona de muy diferente forma a unos y otros alumnos, pero luego cada uno puede acudir con su nota a cualquier universidad, porque España es un distrito único universitario. Los mejores estudiantes son discriminados. Pongamos que una estudiante cántabra ha tenido que pasar un examen difícil de Matemáticas, mientras que una de otra región ha superado una prueba algo menos exigente. El resultado es que la cántabra recibirá una calificación menor y que eso puede ser determinante a la hora de acceder a carreras con límite de plazas, donde la nota es el criterio de asignación.

Es más: el menor nivel de los exámenes en algunas comunidades refleja muy probablemente una menor exigencia intelectual en los dos cursos de Bachillerato. Así la injusticia engorda con el sinsentido: acceden a las plazas universitarias estudiantes que objetivamente tendrían una menor base para superar los cursos y aprovechar la enseñanza superior. En cambio, personas mejor preparadas se tienen que buscar la vida con otras opciones que no eran su primera ilusión y vocación. Da la impresión de que esto, además, perjudica especialmente a los alumnos de Bachillerato de los centros públicos, donde las calificaciones de los cursos que ponderan con el examen selectivo pueden no ser tan, digamos, maternales como en los privados. Estaremos de acuerdo en que un país no debe favorecer la selección de los menos dotados o de los más pudientes a despecho del talento demostrable de cada persona.

Cuando cursé Filosofía en la UNED, los exámenes eran nacionales, iguales para todos. Aparte de los trabajos de investigación que nos encomendaron, todos los que obtuvimos la licenciatura habíamos superado las mismas pruebas, evaluadas por los mismos profesores de la sede central. Dentro de las ineludibles diferencias de circunstancias individuales, el reto que se nos planteó fue igualitario.

Naturalmente, esto no es posible con miles de opositores o miles de examinandos de la selectividad, pero sí que se ganaría mucho con el establecimiento de pruebas homogéneas y coordinadas en el tiempo, que asegurasen con un alto grado de certidumbre la igualdad de oportunidades. Pues esta es un valor constitucional entre los más importantes, y las autoridades no lo están protegiendo en asuntos vitales, como elegir profesión o acceder a un empleo público. Estudiantes y opositores cántabros lo están sufriendo en sus carnes.

Otro tanto puede decirse, por ejemplo, respecto de muchas normativas que afectan a las empresas. Aunque su mercado sea nacional o incluso europeo, se encuentran con requisitos diferentes según las autonomías. Hay una complejidad normativa que dificulta la inversión y la competitividad. Si fuéramos un país-continente como Estados Unidos, esto podría tener su sentido, pero, en un estado donde casi todo el mundo está a una hora en avión del centro geográfico, no lo tiene. Algunas patronales se quejan de ello de modo recurrente, como la del turismo, primera industria nacional.

¡Y todavía hay quienes apuestan por un estado incluso más complejo! En mi opinión, bastaría con acomodar el estado autonómico a un solo principio: las unidades constituyentes de España somos los españoles, cada español, cada persona. Las regiones e ínsulas serán «articulantes» o «culturizantes», pero no son constituyentes de la comunidad política, pues el día que aceptemos ese mito por templar gaitas empezará a sonar el tic-tac final.

Si los constituyentes somos las personas, el estado autonómico debe organizarse de tal manera que los hechos regionales o las «nacionalidades» favorezcan, no estorben, los derechos de las personas: a la educación, a la salud, a entrar en la función pública, a hacer negocios. Ejemplos como los que hemos mencionado son lluvia sobre mojado: sobre el problema de ir a otra comunidad con la tarjeta sanitaria, por ejemplo. Se ha llegado al extremo de tener que buscar en Internet el segundo apellido de un médico de otra región para que la farmacia pudiera entregar el medicamento prescrito. Eso no hubiera sucedido jamás si los políticos tuvieran claro que los constituyentes somos la gente, y no las viejas coronas de la Edad Media ni sus mundos de privilegio discriminatorio, pobreza, superstición e injusticia, hoy embellecidos por la historiografía de la señorita Pepis como épocas heroicas y segundas Troyas.

Caminamos hacia otra legislatura en que los «asimetristas» tienen vara alta. Entre destruirse como bisagra, si los frena, y destruirse como alternativa, si los deja sueltos, Albert Rivera lo tiene realmente difícil, y no se encuentra ni con candil quien le envidie la papeleta. El interés nacional parece exigirle el harakiri político. No es la menor ironía que tal cosa ocurra a consecuencia de unas elecciones que tan enérgica y exitosamente él mismo reclamó en Colón. Los genios que nos conceden los tres deseos no siempre resultan ser de nuestra peña. Hay momentos en que un mal gobierno es tu mejor gobierno, lo que pasa es que lo descubres, como la lechuza de Minerva y Hegel, a horas ya un poco tardías. ¿Quién nos defenderá a nosotros, los constituyentes de hoy, de los reconstituidos del gótico? Eso se preguntan hoy nuestros opositores y preuniversitarios. Nadie responde.