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Este mes de diciembre nos encontrábamos con una sentencia histórica: un tribunal de Reino Unido había dictaminado que la mala calidad del aire era la causa de la muerte de Ella Kissi, una niña de 9 años. La pequeña había tenido que acudir al hospital ... decenas de veces por asma y convulsiones y vivía en una carretera en cuyo entorno los contaminantes atmosféricos superaban asiduamente los umbrales marcados por la OMS para proteger la salud de la población.
Esta sentencia obliga a plantearse: si la contaminación atmosférica fue la causa de la muerte, ¿quién es el responsable de la muerte de Ella?
En 2018, la OMS informaba de que aproximadamente siete millones de personas fallecen cada año por la exposición a material particulado. Numerosos trabajos se publican anualmente en los que se estiman los años perdidos de vida por la contaminación atmosférica, en los que se analiza la relación entre las muertes por procesos cardiovasculares y/o respiratorios y los óxidos de nitrógeno, en los que se determina el gasto económico que supone la mala calidad del aire... Pero, sin embargo, esta sentencia puede suponer un impacto mayor que todo el conocimiento científico acumulado y divulgado durante las últimas dos décadas.
Si la exposición a la mala calidad del aire llega a ser considerada en algunos casos la causa fundamental de la muerte, entonces ya no tendremos grandes números que hablan de muerte por contaminación, sino que conoceremos al hermano de, a la amiga de, al vecino de alguien que murió por respirar aire contaminado.
Durante la pasada primavera, con la paralización de la industria y el transporte por el estado de alarma, pudimos apreciar como mejoró la calidad del aire en las zonas urbanas de España. Sabíamos que los humanos somos responsables de muchas de las emisiones, y especialmente de aquellas más perjudiciales para la salud; ante esta situación extrema, fuimos testigos directos. Desde las administraciones, para mejorar la calidad del aire es necesario trabajar, al menos, a cuatro niveles:
Primero. Educando a la población con campañas activas que hagan conocer los efectos, a corto y a largo plazo, de los contaminantes sobre el medio natural, los bienes y la salud.
Segundo. Con correctas mediciones y publicación en abierto de los datos sobre contaminación (una asignatura todavía pendiente en muchas regiones y municipios de España).
Tercero. Mediante una correcta ordenación territorial para evitar los puntos calientes y favorecer las zonas de bajas emisiones.
Cuarto. Con leyes estrictas que obliguen a cuidar el medio natural.
En estos cuatro cometidos debe trabajarse en paralelo. Si no se sensibiliza a la población, las nuevas normas o las modificaciones en la planificación urbana para generar zonas de bajas emisiones no serán bien acogidas. Sin buenas mediciones no se podrá establecer una planificación efectiva, ya que no se conocerá cuál es la problemática en el aire de las distintas zonas de los municipios. Sin compartir datos, se limita la investigación y no se desarrollan leyes ajustadas a la circunstancia de país. Sin leyes y una correcta ordenación del territorio no se reducirán significativamente las emisiones.
En Santander queda aún mucho trabajo por hacer en esta materia. Hace días se recogía en este periódico que el Instituto de Salud Global de Barcelona, tras analizar la contaminación en numerosos lugares, había concluido que nuestra ciudad era la tercera con peor calidad del aire de España. Cabe reflexionar sobre qué nos lleva a esta nada honrosa medalla de bronce.
Desde el grupo municipal socialista venimos reivindicando que, dentro de las competencias de Medio Ambiente, la contaminación pase a entenderse como una prioridad. En este sentido, pedimos en una moción aprobada por unanimidad que la web del Ayuntamiento visualice diariamente la calidad del aire en la ciudad y las alertas, y comparta con la población información sobre sus efectos y principales fuentes de emisión en el entorno. Actualmente, el Ayuntamiento remite a la web del CIMA, lo que podría interpretarse como una delegación de estas competencias al Gobierno regional.
Por otro lado, en el marco de un proyecto europeo, en la ciudad se implantaron numerosos sensores que medían contaminantes en los distintos barrios, desde nuestro grupo venimos reclamando que se inviertan recursos para que estos datos sean accesibles tanto para ciudadanos como para investigadores. ¿De qué sirve una ciudad plagada de sensores si nadie conoce las mediciones que se ejecutan?
Finalmente, también hemos propuesto que se estudie la implantación de zonas de bajas emisiones en Santander. Indudablemente, estas zonas deben seleccionarse tras un estudio previo en el que se identifiquen los puntos que concentran peor calidad del aire. Estas tres medidas, totalmente asumibles por el Ayuntamiento, tendrían efectos inmediatos en la ciudadanía y, previsiblemente, evitarían titulares sobre contaminación en la ciudad como los leídos en los últimos días.
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