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Bajo el título 'La negociación de los contratos y las organizaciones de productores en el sector lácteo', los profesores Santiso y Sineiro, de la Universidad de Santiago, han publicado en AgroNegocios un análisis que merece comentario. De entrada, al examinar las iniciativas para ... reducir el desequilibrio en la formación de precios de la leche al ganadero, concluyen que éste sigue existiendo. Tales iniciativas, recordémoslo, han sido las previstas en la Ley de Mejora de la Transparencia en la Cadena Alimentaria, el 'Acuerdo Lácteo' de 2015, las derivadas del paquete lácteo y la obligación de incluir costes de producción como elemento de los contratos, según Real Decreto Ley 5/2020 (RD-Ley).
Probablemente el 'Acuerdo Lácteo' era acertado, implicaba a todos los agentes de la cadena (productores, industria, distribución) y comprometía al ministerio en el seguimiento. Sin embargo, su grado de cumplimiento ha sido muy limitado y últimamente no se realizan los informes de seguimiento acordados.
El paquete lácteo comunitario se instrumentó en España en 2012 y comprendía tres novedades: contratos obligatorios, organizaciones de productores e interprofesión. Tras la experiencia desde entonces en contratación (8.400 contratos actuales, 4.000 homologados), los contratos obligatorios de duración mínima de un año son ahora frecuentes (70%), pero, aunque la norma establece que se negocien entre las partes, no es así, porque el ganadero en la práctica se ve obligado a someterse a las condiciones de la industria.
La figura jurídica de las organizaciones de productores las hacía ideales como operadores en la negociación colectiva del precio de la leche. En teoría en España tenemos ocho organizaciones de productores, con el 44% de la producción y el 50% de los ganaderos, pero en la práctica no han logrado por el momento establecer negociaciones y cerrar acuerdos con las industrias, pese a que concentran una oferta que debería permitir negociar contratos.
Ambos expertos consideran que el fracaso de las organizaciones de productores en España es el resultado «de varios factores con responsabilidades compartidas y en buena medida consentidas por las partes implicadas». Lo atribuyen a los productores, que dudan de su capacidad organizativa y negociadora y se resisten a perder su conexión con la industria; a las propias organizaciones de productores, incapaces de dotarse de una estructura operativa; a la industria, que prefiere tratar con los ganaderos individualmente para mantener su papel dominante; y también a las administraciones, poco comprometidas en el fortalecimiento funcional de las organizaciones de productores y en estimular los procesos de negociación. Finalmente, no ayuda el tamaño mínimo fijado para constituir organizaciones de productores, 200.000 toneladas de leche; entraña un alto número de ganaderos y múltiples industrias y obstaculiza su encaje en negociaciones que, a la postre, se ejecutan independientemente con cada una. «La existencia real de la negociación de las condiciones de un contrato es el modo de poder avanzar en una formación de precios más equitativa y no tiene vías alternativas», afirman los expertos. Ahora hay un elemento nuevo, el coste de producción como factor del precio a fijar en los contratos. No debería plantear problemas incorporarlo como elemento significativo en la determinación del precio. Existen precedentes, como los contratos de suministro integrado en Gran Bretaña entre grupos de productores y las principales empresas de distribución, tomando como referencia el coste medio de producción calculado por una entidad independiente. La UNELL francesa, 4.000 ganaderos y nueve organizaciones de productores, que suministran a Lactalis, incorporó ese coste al precio percibido recurriendo al mediador oficial de relaciones comerciales.
Pero en el caso español, su eficacia real resulta restringida por la falta de precisión en el articulado del Real Decreto-ley (delimitación y valores concretos de referencia). Este se refiere al coste efectivo de producción «calculado teniendo en cuenta los costes efectivamente incurridos, asumidos o similares»; pero al referirse a explotaciones agrarias, Santiso y Sineiro afirman que «resalta sólo el coste de los insumos pagados y no cita el de amortizaciones para compensar el deterioro del capital fijo y los de oportunidad del trabajo y capital propio». Faltan además valores concretos de referencia, pues el MAPA, puesto como ejemplo, tiene tres bases de datos (Recan, Rengrati y Ecrea) con valores diferentes y no actualizados. Qué está pasando ahora, en situación de pandemia: si el ganadero firma el contrato acepta que el precio es superior a sus costes de producción; si se niega a firmarlo, se arriesga a que no le recojan la leche.
La clave es la negociación colectiva de contratos por unas organizaciones de productores operativas. Ambos investigadores apuestan por un sector lácteo moderno con un cambio radical en el modelo de relaciones productor-industria, con auténticos procesos de negociación, compromisos por ambas partes y mayor apoyo desde las administraciones. «Las organizaciones de productores son la única figura jurídica viable para la negociación colectiva en el mercado de la leche en origen». Ante el fracaso de las organizaciones de productores, no se puede dejar de analizar qué ha dificultado su actuación y qué hacer para impulsar su papel. Merece la pena revisar los requisitos de tamaño para conseguir organizaciones más ágiles y funcionales; ejemplos foráneos pueden ayudar.
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