Conveniencia o deber

La conveniencia es especulativa por naturaleza, no mira a lo lejos y es fundamentalmente individualista, ventajista, acomodaticia y oportunista.

En el ámbito privado el antagonismo entre los dos caminos, a la hora de abordar la toma de decisiones, no tiene trascendencia social relevante. Muy al contrario, en la esfera pública y política cuando deber y conveniencia son antagónicos, la preponderancia de esta sobre aquel acarreará graves y perniciosas consecuencias, aunque estas tarden en manifestarse años. La inmediatez siempre juega en favor de la conveniencia, porque a corto plazo puede creerse que la actuación basada en ella otorga comodidad y sosiego, pero a largo sus efectos suelen ser demoledores para la nación en su conjunto. Ejemplos hay muchos, enumeraré uno, que no es seguramente el más importante: el incremento de la Deuda Pública de manera imprudente y descontrolada posibilita a los habitantes de España vivir hoy con mayor desahogo, pero en un futuro su coste nos estrangulará a todos con una virulencia muy superior a lo disfrutado. Además, cuando los gobernantes actúan de esta forma tan irresponsable financieramente, no están pensando principalmente en nuestra felicidad, nos están comprando para mantenerse en el poder, es decir, están actuando como les conviene no como deben.

La lucha entre deber y conveniencia ha existido siempre, pero en la actualidad la derrota del primero es tan apabullante que puede poner en peligro nuestro modelo de convivencia. Hoy no solo los gobernantes la utilizan con habitualidad, también la sociedad civil la ha aupado al puesto más elevado del podio de la inteligencia y la habilidad humanas.

Al conocer que el Gobierno de España y el PSOE promoverían la desaparición del delito de sedición, para conceder beneficios a determinadas personas condenadas por la justicia, Feijóo decidió no continuar con la negociación sobre el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿En ese momento le convenía personalmente al líder del PP tomar esa decisión? Seguramente no, pero era su deber.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España y líder del PSOE, tal y como tenía acordado con los independentistas desde hace meses y ocultado a la opinión pública, ha decidido promover la desaparición del delito de sedición para beneficiar a los líderes de los partidos separatistas; a cambio, conseguirá la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado lo que, a su vez, le permitirá acabar la legislatura y presentarse a las próximas elecciones generales desde la presidencia de turno del Consejo Europeo, ostentando además la presidencia de la Internacional Socialista. Sánchez piensa que esto le conviene para repetir mandato y conservar el poder. Pero ¿debe un presidente de España auspiciar la desaparición del delito de sedición? Evidentemente no.

Hay otros actores implicados, aunque sea indirectamente, en este descarado trueque de intereses personales a costa de los ciudadanos de la nación española. Algunos de ellos han manifestado e indicado lo que debe hacer el líder de la oposición: «Presentar una moción de censura», sin aclarar que en nuestro país esta figura es constructiva, es decir, su objetivo primordial es nombrar a un nuevo presidente del Gobierno, no solo criticar la actuación del actual. Obviamente, si la modificación del delito de sedición obtiene el respaldo mayoritario del Parlamento, por la misma razón la moción de censura no prosperaría; en consecuencia, los líderes de los partidos políticos que la propugnan ¿qué buscan con la indicación al otro, para que presente una moción de censura? ¿El deber o la conveniencia? Es evidente que los presidentes de las Comunidades Autónomas tienen que manifestar su posición ante un asunto de tamaña trascendencia. Hasta ahora, las opiniones hechas públicas por los presidentes de regiones gobernadas por el PSOE han sido tibias, larvadas y en clave electoral, en un difícil equilibrio entre dos conveniencias: No enfrentarse al líder, Pedro Sánchez, que tiene la facultad de acabar con su carrera política o la pérdida de votos que castigue este abuso de poder, haciéndoles perder las próximas elecciones y su cargo de presidente. ¿Cuál es su deber? Ni se lo plantean.

En nuestra Cantabria, a las 16:57 del domingo 13 de noviembre, cuando estoy escribiendo este artículo, el presidente Revilla no se ha pronunciado. Aunque debería haberlo hecho, está callado y escondido porque le conviene. Debería romper con su socio de Gobierno el PSOE pero no lo hará, ya que su conveniencia es que los socialistas le vuelvan a hacer presidente tras las elecciones de mayo de 2023.

Y nosotros, ¿qué haremos? ¿Le daremos nuestra confianza, nuestro voto a quién hace lo que le conviene o a quién hace lo que debe?