Corregir el rumbo

La Atención Primaria, víctima de infrafinanciación y de la mala planificación de los recursos humanos en estos últimos años, ha salido de la pandemia con unos indicadores de presión que resultan insostenibles y agotan a los profesionales. La demanda pospandemia (aunque en realidad la pandemia sigue sin morir del todo y todavía se necesitan mascarillas, pruebas y otras medidas) se ha disparado exponencialmente, mientras las jubilaciones y la huida de profesionales a otras instancias auguran un claro empeoramiento de los números. Tanto la no cobertura de plazas de formación MIR, como la marcha a otras regiones de virtualmente dos tercios de los MIR formados en Cantabria son datos demoledores para la sanidad de nuestra región.

La Atención Primaria es la que resuelve el mayor porcentaje de problemas de salud de la población, y resulta decisiva a la hora de encauzar a los pacientes con patologías más serias hacia las pruebas diagnósticas y consultas hospitalarias. Y ello tanto en las consultas estándar como en los SUAP, que gestionan las urgencias evitando la saturación en el hospital. Esta posición clave en el sistema sanitario y la calidad de vida no se corresponde con el déficit de recursos económicos y humanos que padece. Es primaria, pero no primera, en cuanto a prioridades políticas. Los profesionales se han plantado también porque son dolorosamente conscientes de que el envejecimiento de la pirámide demográfica cántabra trae consigo una avalancha desde el lado de la demanda: los 'baby-boomers' van llegando a las etapas de la vida donde las enfermedades son más frecuentes, graves y a menudo crónicas. Esas generaciones van a sufrir muy intensamente todos los déficits de la Atención Primaria. Por tanto, se trata de, por el bien de ciudadanos y médicos, no demorar más las soluciones y no jugar al regate político en corto.

La plantilla de Atención Primaria reclama reconocimiento, incentivos, medios, limitación de cargas para asegurar una calidad razonable, liberación de procesos burocráticos, más educación sanitaria de la ciudadanía y, sobre todo, planificación sin politización. También que en residencias y otros dispositivos haya médicos de familia que aligeren la presión asistencial sobre los centros de salud. (En este sentido, parece incomprensible que el SCS tuviera como una de sus noticias de este año su negativa a reconocer al Centro Hospitalario Padre Menni el esfuerzo de atención primaria que realiza en beneficio de la calidad del sistema público al que desahoga). Puesto que hemos elegido un estado autonómico también para la sanidad, dos líneas absolutamente urgentes y complementarias de trabajo vienen constituidas por una buena programación regional y por una adecuada coordinación sanitaria nacional. Sin embargo, en un ámbito español el liderazgo no existe y, en el regional, se demostraría a partir de ahora, como capacidad para corregir el rumbo del extraordinario desgaste de la Atención Primaria. Ojalá sea así y la comunidad pueda celebrarlo.