Una Ley de Costas a la carta

A primeros de mayo, se produjo el debate en la Cámara Baja. Las derechas del Parlamento de Cantabria trasladaron un debate a Madrid camuflándolo como un cambio en una Ley estatal para ocultar un déficit de gestión propio. Hemos de recordar que, si bien la iniciativa planteaba un cambio en la Ley de Costas, el fondo de todo habla sobre el tejido empresarial de muy diversas actividades económicas emplazadas en terreno marítimo-terrestre de Cantabria que ya agotaron o están próximos a acabar su concesión de uso, por un máximo de 75 años.

Hablamos de actividades que van desde el sector primario con explotaciones ganaderas o cultivos marinos, al sector secundario con industrias –alguna electrointensiva–, o al terciario, con campos de golf, hoteles o campings. El Estatuto de Autonomía de Cantabria define en su artículo 24 las competencias propias entre las que se incluyen, además de la ordenación del territorio y del litoral, el urbanismo y la vivienda (artículo 24.3), aquellas referentes a los sectores que se verían afectados: agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias (24.9); la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial y lacustre (24.12); la artesanía (24.15); turismo (24.20); o la industria (24.30). Prácticamente no hay ni una sola actividad económica situada en zona marítimo-terrestre que no sea competencia exclusiva de la comunidad autónoma de Cantabria. Por tanto, insisto, acuden a Madrid a trasladar una circunstancia de Cantabria aludiendo que ocurre en más lugares y, con suerte, haya un 'café para todos', que es lo que realmente defienden.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ya les ha dicho que su interpretación de la ley es errónea, con lo que, quizá, podríamos parar aquí el debate. También hay un dictamen del Consejo de Estado de 2014 (gobernando el PP) y dos informes de la Abogacía del Estado de 2018. Pero no, quieren cambiar la ley para que ésta se adapte al tejido empresarial y no que éste se adapte a la ley como todos tenemos que hacer. De forma acertada, por cierto, el Congreso rechazó la propuesta. Recientemente, se ha reformado el Reglamento General de Costas de acuerdo a la Ley y, de nuevo, la derecha agita estos días el debate trasladando la responsabilidad a un único sujeto –el Gobierno Central– cuando son las comunidades quienes tienen competencias propias como he señalado.

Sin embargo, en este apartado, también hay que ampliar el foco. Algunas grandes empresas han actuado con irresponsabilidad sabiendo que su concesión se acababa y, aun teniendo los medios y recursos para hacerlo, no han hecho nada para adaptarse a la realidad que les marcaba la ley. Insisto, algunas, no todas. Y cuando llega el fin de la concesión, entran las prisas y pedimos prórrogas, porque invertir los grandes beneficios en la mejora de las instalaciones o de las condiciones de los trabajadores no entra en sus planes si no es por los sindicatos de clase organizados. Y, evidentemente, vienen alegando el perjuicio que supondría que miles de personas se quedaran en la calle por el cierre de estas actividades, como si al resto de las fuerzas políticas, sociales, sindicales y de otro tipo no nos preocupara y como si no existiese alternativa, que de eso es de lo que tendrían que ocuparse los gobiernos, todos, los de las comunidades autónomas y el Central.

Cada actividad económica requiere de una respuesta adecuada a su contexto; no es lo mismo el plazo de traslado que, en caso de necesitarlo, tendría un taller mecánico que el de un hotel o una gran industria. Es esta la alternativa que nadie dentro del Parlamento y de los sucesivos gobiernos de Cantabria ha trabajado y debería haber hecho: planes específicos para garantizar que el tejido laboral de nuestra comunidad se queda en nuestra tierra, adaptándose a la normativa y resituándose en el caso de que así fuera necesario. Cantabria cuenta con varios polígonos industriales vacíos o semivacíos en los que parte de estas actividades podrían reubicarse, al igual que suelo urbano vacante en los núcleos de población más consolidados o turísticos para el gremio hostelero, o suelo rústico para las actividades del sector primario, y no como promueve la Ley del Suelo recién aprobada por PRC-PSOE (y, aunque no apoyada con su voto, compartida por el PP), que liberaliza el suelo rústico para la construcción de viviendas unifamiliares y Planes Singulares de Interés Regional (donde cabe prácticamente cualquier proyecto con el argumento de 'excepcional') contra el criterio de técnicos, conservacionistas y leyes de rango superior a las que deben atenerse.

Ustedes, quienes pudiendo no hicieron nada, son los únicos responsables de que la actividad económica de Cantabria sea fuerte y mejorada, con las herramientas y competencias que tenemos a nuestro alcance, y no trasladando a cientos de kilómetros un asunto propio con el que pretenden hacer una ley a la carta. Pónganse a trabajar.