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Las protestas en el sector lechero español se repiten. Los problemas de fondo no cambian y su solución, tal como están planteados, no es fácil. De una parte, los ganaderos se sienten convencidos de que considerar los costes de producción en los contratos tiene que ... ser una realidad. Insisten en no firmar contratos con las empresas, que los ofrecen por tres meses a precios que juzgan insuficientes, porque no cubren los costes de producción. De otra, los industriales saben que legalmente es su obligación tener en cuenta esos costes en los contratos, pero no parecen capaces de encontrar un camino para negociarlos, acostumbrados como están a proponer y que se acepte lo que quieren por la parte productora.
La reciente aprobación de la Ley 16/2021 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y la apertura del proceso de participación pública del Proyecto de Real Decreto sobre condiciones de contratación en el sector lechero motivan una vez más a los profesores Santiso y Sineiro, de la Universidad de Santiago de Compostela, a tratar pormenorizadamente el asunto (AgroNegocios, 7-marzo-2022), centrando sus reflexiones sobre los mismos puntos concretos, pero contemplando ya los problemas que surgen al llevar a la práctica la nueva legislación: la problemática existente en la aplicación del principio de recuperación de los costes de producción y la importancia de tener Organizaciones de Productores operativas en la negociación de los contratos. En ambos analizan el cuadro español y comparan con experiencias UE, sobre todo Francia. Consideraremos hoy el primero.
Para evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria la Ley 16/2021 establece que «cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador». Incluir coste de producción como precio mínimo de la leche en origen (según el MAPA, debe superarlo) parece una solución acertada para asegurar a los ganaderos que recuperan los costes y fundamentar la determinación de los precios mínimos a la distribución, impidiendo así la venta a pérdidas. Para ambos expertos, nada que objetar, «como principio de funcionamiento de la cadena alimentaria», pero su aplicación práctica presenta una doble problemática por las dificultades para acordar una definición de tales costes y por los efectos que su aplicación podría tener sobre la competencia exterior.
Habría que definir mejor por tanto el concepto de precio de producción, «pues más que sobre un coste individual de cada productor, la referencia debería ser un coste medio de producción que asegurara que se mantienen las condiciones de competencia a medio y largo plazo».
Conocemos las fuertes reticencias de los industriales a este coste individual. Para Santiso y Sineiro, su valor tendría que incluir todos los conceptos de coste, incluso amortizaciones y costes de oportunidad, y restar los ingresos ligados (la venta de ganado o las ayudas de la PAC); «por eso sería más correcto hablar de un precio umbral de la leche que de un coste de producción».
En todo caso, «para poder aplicarlo, el concepto de recuperación de costes tendría que estar basado en una metodología validada»; la experiencia francesa encarga su determinación a la organización interprofesional (CNIEL).
Respecto a la competencia exterior, es incontestable que operamos en un mercado global, y adoptar un valor de costes de referencia tendría un impacto directo, en los productos lácteos que importamos y exportamos. Además, «un esquema de precios aditivos a lo largo de la cadena sin contemplar la situación del mercado podría impactar en el consumo».
Hay que reiterar que el sector lácteo tiene ya útiles que permiten adecuar el precio del contrato a la evolución de mercados, incluidos los de los costes operados por los ganaderos. La interprofesional INLAC prepara y publica índices sintéticos según modelos contrastados durante más de una década. Así, el índice INLAC A3 integra la evolución de los costes de alimentación del ganado, la de los principales productos lácteos y el índice de precios salida de industria. Un contrato indexado a él resultaría en precios de la leche razonablemente alineados con la evolución de los costes de producción y la evolución de los productos elaborados.
Según Santiso y Sineiro, los precios indexados en 2021 y su comparación con los de los países competidores en nuestro mercado (reflejados en el precio ponderado de cinco Estados UE (5-EM) y el de los precios medios en España (FEGA), a pesar de que 2021 ofreció tensiones en los mercados, habrían seguido una evolución próxima a los precios 5-EM, mientras que los precios FEGA se mantuvieron con variaciones mínimas, indicando una mayoría de contratos a precio fijo o auto-referenciados, incapaces de captar aumentos en costes de producción y la valorización actual de la leche en el mercado. Este escenario se repite desde finales del año 2016, que los precios de la leche en España son significativamente inferiores al promedio comunitario.
«La dinámica de los contratos no indexados juega claramente en contra de los productores,... la respuesta no está en buscar fórmulas administrativas...., sino en dotarse de estructuras organizativas con capacidad para abordar procesos de negociación de los contratos, incluida su indexación», afirman. Lo veremos.
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