La crisis a pie de calle

Mientras Europa discute las fórmulas y el alcance de las medidas para hacer frente a la crisis, mientras los partidos nacionales intentan llegar a un gran acuerdo de reconstrucción, mientras Cantabria espera su cuota de recursos externos para reforzar su modesto plan de choque, la administración municipal, la más cercana a los ciudadanos y la mejor valorada por ellos, también en esta crisis, intenta hacer frente al día a día de la crisis con los escasos medios propios y con el ejemplar despliegue de solidaridad de muchos grupos de voluntarios y entidades benéficas para socorrer a los más vulnerables. En Santander, por ejemplo, 70 nuevos casos urgentes cada día.

Los ayuntamientos cobrarán ahora la mitad del Fondo de Cooperación Municipal del Gobierno regional, 7,5 millones de euros, y esperan del Estado la autorización para emplear con flexibilidad todo el superávit de 2019, unos 3.840 millones en toda España, 460 millones en el conjunto de Cantabria, más de 20 millones en el Ayuntamiento de Santander. También aspiran los alcaldes a que se adelante la contratación de parados en entidades locales financiada todos los años por la Administración de Cantabria, 31 millones y 3.000 empleos temporales en 2019. Con los presupuestos reformados sobre la marcha, sin ingresos, con las tasas aplazadas, todos los recursos son pocos para articular planes contra la depresión socio-económica, que no es que esté por llegar, es que ya está aquí.

En Madrid, el acuerdo para la reconstrucción ha registrado un cierto avance al admitir el Gobierno que se aborde en el Congreso como pedía el PP, pero el proceso se ralentiza a la espera del dinero de Europa y de propuestas concretas para debatir. Como si hubiera tiempo que perder ante una crisis que puede suponer entre el 8% del PIB que calcula el FMI y el 13% que anticipa el Banco de España.

La lentitud de reflejos ha sido una característica de esta crisis en España. La reacción ha resultado tan tardía que al día de hoy, 45 días después de la explosión de la pandemia, cuando afrontamos, cabe esperar, los últimos y dolorosos coletazos, todavía se constatan muchos problemas en el suministro de material sanitario. Y ahora, el desconfinamiento también irá al rebufo de los países de nuestro entorno, con bochornosas improvisaciones como en el paseo de los niños.

En Cantabria, el Gobierno regional ha llevado al Parlamento su plan de choque de 300 millones de euros, provisional hasta que llegue más dinero, que el PP y Ciudadanos reciben con cierto espíritu de colaboración y críticas más suaves que las de Vox.

Nadie renuncia a hacer política incluso en estos tiempos excepcionales. Tampoco Revilla, que en estos días ha tomado distancia crítica con el PSOE de Pedro Sánchez. Primero al reclamar poder de decisión autonómico para arrancar una desescalada selectiva y recuperar la normalidad vital y productiva en la medida de lo posible. Luego al criticar sin tapujos los bandazos sobre la salida de los niños a la calle y, sobre todo, al decretar, de acuerdo con la alcaldesa popular de Santander, Gema Igual, el luto oficial por las víctimas de la pandemia al que el Gobierno de la nación se ha negado a pesar de los reiteradas propuestas de los partidos de la oposición. Igual se lo pidió también al presidente Sánchez en su reciente videoconferencia con la Federación Española de Municios y Provincias (FEMP) y le reprochó de paso su tardanza en hablar con los ayuntamientos, que son los que primeros que se enfrentan con la crisis a pie de calle.

Al PSOE cántabro seguramente no le hace ninguna gracia este gesto simbólico de duelo pactado entre el PRC de Revilla y el PP de la regidora santanderina, que es la gran enemiga política de los socialistas, pero resulta más prudente mirar para otro lado. Escarmentados por el papelón al que se vieron empujados en la crisis de la investidura, ahora extreman la cautela para no verse zarandeados en ese difícil equilibrio entre la obediencia a Sánchez y la alianza con Revilla.