Crisis en Colombia

Durante el mes de mayo de este año, Colombia ha vivido situaciones de violencia extrema. En un país con una grave situación sanitaria, social y económica, el detonante fue el anuncio de una reforma tributaria por el presidente Iván Duque, cuyo padrino político es el expresidente Álvaro Uribe. El 28 de abril las centrales obreras y las organizaciones estudiantiles convocaron un paro nacional. Quizá la reforma fiscal anunciada no era regresiva (el 40% de los productos están hoy exentos de IVA), pero sí inoportuna. No parecía oportuno que después de 70.000 muertos por la pandemia, se quisiera gravar con un impuesto del 19% a los servicios funerarios. En Colombia, uno de los países de América Latina con más desigualdades, se conoce bien la tendencia de su oligarquía empresarial y financiera a evadir impuestos y engordar sus cuentas bancarias fuera del país. La anunciada reforma fiscal se retiró, cesó el ministro autor de la misma, pero los estallidos sociales ya estaban en la calle y allí permanecieron.

La pandemia ha puesto al descubierto la vulnerabilidad de las clases bajas y de las clases medias en Colombia; ha provocado un aumento de la pobreza; los obligados confinamientos han agravado la situación del trabajo informal que funciona en el país y que supone el 50% de la actividad laboral y ha puesto al descubierto las debilidades estructurales de su sistema sanitario. La pandemia ha hecho retroceder a Colombia una década en su lucha contra la pobreza.

Encauzar una posible salida de la crisis a través del diálogo se manifiesta complejo, porque las protestas no tienen estructuras organizativas definidas, porque se carece de líderes identificables como interlocutores y porque las reivindicaciones se acumulan por comunidades y colectivos que exigen respuestas a su situación. Al grito de «el pueblo no se rinde, carajo», la respuesta ha sido policial en Bogotá, Cali, Medellín, Popayán... porque el presidente Iván Duque se ha manifestado como un político débil y a la deriva que se ha visto superado por los hechos, y el omnipresente Álvaro Uribe, líder del Frente Democrático, solicitó rápidamente la declaración del estado de emergencia anunciando que Colombia vive una compleja conspiración. El gobierno de Iván Duque ha estado más preocupado por desmantelar el armazón institucional de los acuerdos de paz, que por enfrentarse a la pandemia y sus efectos.

A las convocatorias de paro se han unido los bloqueos de carreteras, que están provocando desabastecimientos y dañando la ya precaria situación de la economía colombiana. Gran parte de la oposición política ha apoyado las protestas, está en contra de la respuesta represiva del gobierno y no comparte el bloqueo de carreteras que impide o dificulta el comercio y el movimiento de las personas.

Todo ello sucede en la perspectiva de unas elecciones presidenciales en mayo de 2022, dos meses después de que se celebren las elecciones al Congreso. De momento, los candidatos a batir son Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y antiguo guerrillero del M19 que maneja un discurso pragmático buscando el voto de diferentes tendencias y una Coalición para la Esperanza pendiente de cuajar como plataforma electoral, y que surge como movimiento social y político liderado moralmente por Humberto Calle, como una opción que busca avanzar hacia la concordia y la sensatez, con soluciones que se apoyen en la constitucionalidad vigente.

Mientras, el expresidente Álvaro Uribe está pendiente de responder ante la justicia al Informe de la Jurisdicción Especial para la Paz que eleva a 6.400 los conocidos como 'falsos positivos', llamados así los civiles abatidos por el Ejército en ejecuciones extrajudiciales calificadas como 'bajas en combate', la mayoría entre 2002 y 2008 en el conflicto armado vivido en Colombia.

La misma Jurisdicción Especial para la Paz acusó a finales del pasado mes de enero a ocho líderes de las FARC de haber promovido secuestros como práctica sistemática y de graves violaciones de derechos humanos.