En esta crisis, solo nos salvará el consumo interno

Es evidente que una situación de esta complejidad no es fácil de gestionar para ningún gobierno, no hay precedentes ni situaciones semejantes ocurridas en ningún país del mundo. El Gobierno de España ha conseguido poner un primer parche en la herida abierta en nuestra economía ya que la utilización del diálogo social como instrumento de acuerdo entre los intereses empresariales y los laborales ha servido para poder desarrollar un sistema especial de ERTE que, en primera instancia, cumple con el objetivo de aliviar las cargas empresariales ante un paralización de los sistemas de producción y la tranquilidad que estos expedientes han supuesto para los trabajadores.

La segunda gran medida puesta en marcha ha supuesto un auténtico balón de oxígeno para más de 1.3 millones de trabajadores autónomos de nuestro país. Poder encarar el futuro incierto con una prestación económica y la exoneración de la cuota correspondiente al sistema del RETA, ha permitido que miles de autónomos no arrojasen la toalla precipitadamente.

En contra, tenemos temas que hemos seguido reclamando su solución y disposiciones en reales decretos que son totalmente inoperativas para los beneficiarios. Es el caso de las moratorias de pago de alquileres o de los préstamos con garantía hipotecaria son dos de los grandes fiascos, que no se pueden desarrollar por las condiciones impuestas.

La gestión de los sistemas de aval de los préstamos ICO, que realizan las entidades de crédito está resultando un auténtico escándalo. Hemos visto como algunas de estas entidades solicitaban expresamente la contratación de seguros de vida adicionales como garantía. Además, hemos observado perplejos como se agotaban las primeras partidas de estos créditos ICO a la velocidad del rayo, en lo que parecía una desmedida necesidad de liquidez por parte de las pequeñas empresas y autónomos cuando en realidad lo que ocurría era el cambio de garantías sobre créditos ya existentes, es decir, cambian aval privado por publico, con lo que al final algunas entidades han conseguido adelgazar su nivel de riesgo.

Tenemos que encontrar de forma urgente mecanismos de protección para los autónomos que en peores condiciones se enfrentan a la crisis, que prácticamente han perdido su 90% de facturación y que dan por perdido el 2020, entre los que se encuentran los de temporada.

Pero lo más preocupante de esta crisis está por llegar, por ello creo que es necesario tomar las decisiones adecuadas ahora y preparar el sistema para una perdida sin precedentes de empleo y de trabajo autónomo. Particularmente. Creo que no menos de 400.000 autónomos pueden desaparecer en este 2020, unos 7.000 de ellos cántabros.

Las ayudas que desde el Gobierno cántabro se han desarrollado en esta primera fase, aunque bien intencionadas, no han sido todas certeras. Si bien el 'cheque resistencia' es una buena iniciativa, otra cosa es como está funcionando y sus repercusiones sobre los beneficiarios.

También es necesario reestructurar el trabajo autónomo, la irrupción de la era digital ha sido una de las consecuencias del largo confinamiento y hemos comprobado el grado de penetración de los cambios en la manera de vivir y de comprar. Esta realidad no puede permanecer ajena a nuestro colectivo, sobre todo al comercio de proximidad.

Esto no significa adquirir equipos sino formar para la venta online, la comunicación dinámica con nuestros consumidores, la posibilidad de trabajar a distancia para clientes que nos piden servicios a miles de kilómetros de nuestro lugar de trabajo o residencia. Desde UTAC-UPTA hacemos un llamamiento a la puesta en marcha de medidas de futuro al Gobierno regional y a los ayuntamientos.