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Como es bien sabido, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) es un centro universitario de alta cultura, investigación y especialización, o por decirlo más llanamente, una universidad pública entre cuyos objetivos se encuentra fomentar las relaciones de intercambio e información científica y cultural de interés internacional e interregional, así como desarrollar actividades de alta investigación y especialización.
Fue creada en 1932 con la denominación de Universidad Internacional de Verano de Santander y desde entonces ha venido impartiendo cursos para extranjeros en los que nuestra ciudad es la sede académica tradicional, además de cursos y reuniones de trabajo de carácter internacional e interregional dirigidas al estudio de problemas o áreas específicas de investigación.
Del enorme prestigio adquirido en estos casi noventa años por la institución académica, tan estrechamente ligada a Santander desde sus inicios, dan fe la mayoría de sus rectores de los que me limitaré a citar el primero, el gran historiador y filólogo Ramón Menéndez Pidal. Tampoco hará falta que recuerde la larguísima lista de personalidades destacadas en los ámbitos de la ciencia, la cultura y la investigación que han participado en sus cursos y actividades.
Su estatuto configura el centro como un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Universidades, con personalidad jurídica y patrimonio propios y plena autonomía para el ejercicio de sus competencias culturales, investigadoras y docentes. Sin embargo, antes el ministro de Educación, Cultura y Deporte y ahora el ministro de Universidades, se encarga de nombrar a su patronato cuyo presidente es el secretario de Estado de Educación y Universidades, mientras que la vicepresidencia la ocupa el director general de Universidades.
Entre las funciones de este patronato, sometido como se ha visto al más absoluto control gubernamental conforme a ese nefando sistema -bien conocido y practicado en nuestra tierra, que los ingleses denominan del 'spoils system' o mecanismo que permite al partido gobernante distribuir entre sus propios militantes y simpatizantes cargos institucionales y posiciones de poder-, se encuentra elegir al rector.
El caso es que, mientras en el pasado más reciente, los medios de comunicación daban cumplida cuenta de reuniones, cursos y personalidades asistentes, en la actualidad, entre las principales noticias relacionadas con el centro universitario está la decisión de hace pocos meses del ministro Manuel Castells de nombrar rectora de la UIMP a la decana de lo que esos mismos medios denominaban la 'Facultad de Podemos', propósito que contrarió al PSOE porque la sustituida, la actual rectora, iba a ser una de los suyos.
Otros datos que igualmente han trascendido resultan mucho mas inquietantes. Como el malísimo balance económico, con pérdidas que en 2020 se situaron en torno al 60% de los ingresos habituales del centro y un déficit anual que superó el 20% del presupuesto. O el cierre de sedes. Y lo más reciente: la dimisión del gerente a principios del mes de julio pasado, que se suma al abandono del centro de dos vicerrectores, cuatro secretarios generales y un vicesecretario general, seguido todo ello de numerosas solicitudes de excedencia y comisiones de servicio originadas en los escalones inferiores del centro. No hay duda de la crisis por la que atraviesa institución ni de las malas relaciones existentes que han llegado a un clima de tensión extremo en la cúpula de la UIMP.
A esta más que inquietante situación, no es ajena la propia actividad académica al conocerse hace días la cancelación de un seminario internacional de farmacología por decisión de la propia rectora motivada, según ha trascendido, a que «solo había una mujer entre los profesores». Menuda carta de presentación para una institución que atraviesa dificultades y por ello está necesitada ante todo de una buena programación de cursos y de patrocinadores, con más matrículas y encomiendas de gestión.
La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013 permite exigir responsabilidad a los altos cargos de la administración y demás entidades del sector público estatal por el incumplimiento en sus actuaciones de principios tales como los de eficacia, economía y eficiencia o de la obligación de emplear la diligencia debida para fomentar la calidad en la prestación de servicios públicos. La norma contiene un amplio cuadro de infracciones y sanciones, aunque entre estas últimas se echa en falta el establecimiento con carácter general de la indemnización de daños y perjuicios causados al erario por la mala administración.
Mientras los tribunales no empiecen a juzgar estos casos para terminar con la sensación de impunidad de los cargos públicos, a los cuales, una vez cesados, se les ve abandonar el puesto con la indemnización que en más de un caso no han merecido, la credibilidad y confianza de los administrados en la administración pública - y en la Justicia- seguirá debilitándose.
Y ahora solo le faltaba a Santander, y por extensión a Cantabria toda, perder el referente cultural nacional e internacional de primer orden que constituye la UIMP porque, como lamentablemente suele ocurrir, nadie, ni aquí ni allí, se decide a tomar medidas.
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