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El debate para la aprobación de los presupuestos de 2021 puso de manifiesto algo que ya habíamos visto en ocasiones similares, fuere quien fuere quien ocupase La Moncloa, pero que por las características de los partidos con los que el actual Gobierno ha negociado ... su aprobación -los independentistas que previamente aprobaron la investidura del presidente- nos permite visualizar con toda nitidez y crudeza el pago que es preciso realizar a los separatistas vascos y catalanes cada vez que prestan su apoyo al partido nacional que precisa de ellos, bien sea para formar gobierno o para aprobar los presupuestos generales.
Así, ya se anuncia la inminente transferencia al País Vasco de las prisiones situadas en su Comunidad, y hasta ahora gestionadas por el Gobierno central, de forma análoga al resto del territorio nacional, salvo Cataluña a la que se transfirieron en 1983. Es precisamente el precedente de Cataluña el que nos permite vislumbrar el proceso que seguirá la política de concesión de beneficios a los presos etarras una vez que los mismos dependan del Gobierno vasco, de forma análoga a lo hecho por la Generalidad de Cataluña con los independentistas que en 2017 dieron un golpe de Estado en contra de la unidad de España.
Y así como el Gobierno central aproximó en un primer momento a tales reclusos a las prisiones catalanas, a partir del cual pasaron a depender de las autoridades autonómicas, y éstas, ya en el ejercicio de sus competencias, comenzaron a dar beneficios penitenciarios a los mismos muy superiores a los que en buena lógica les podían corresponder en función del tiempo de condena hasta ese momento. Ahora estamos asistiendo al traslado de los presos etarras, muchos de ellos con numerosos asesinatos en su haber, a cárceles del País Vasco, lo que permitirá a las autoridades de dicha Comunidad, tan pronto se haga efectivo la transferencia de dichas competencias, otorgar beneficios penitenciarios a tales asesinos, y ello a pesar de que los mismos no hayan mostrado nunca el más mínimo arrepentimiento por las muertes y el dolor causado a lo largo de su larga actividad terrorista.
Naturalmente estas no son las únicas competencias que en un futuro próximo se transferirán a dicha Comunidad -algunas tan importantes como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social ya se anuncian para fechas próximas- pero dada la importancia que el terrorismo etarra ha tenido en España es lógico que todo lo relacionado con sus autores genere una gran atención en cualquier español de bien, por lo que cuando próximamente veamos a los asesinos etarras salir de las cárceles vascas, para disfrutar de una vida casi normal, a la mayoría de nosotros -y ya no digo a los familiares de sus víctimas- se nos revolverán las tripas y, a pesar de ello, nada podremos hacer dado que habremos entregado las llaves de las cárceles que les debían tener encerrados a quienes recogieron y se beneficiaron de las nueces de los árboles que ellos movieron.
Volviendo nuevamente a Cataluña, estos días hemos conocido la filtración de que en dicha Comunidad se instalará una importante fabrica de baterías, elemento fundamental para los nuevos coches eléctricos, y ello a pesar de que a la misma opta también Aragón, Galicia, Valencia y Extremadura, región esta última que cuenta con importantes yacimientos de litio, material imprescindible en tales baterías. Una vez más la inversión para la puesta en marcha de una nueva industria, generadora de gran número de puestos de trabajo, irá a Cataluña y ello aunque sus dirigentes hagan el feo de dar plantón al rey y al presidente del Gobierno en su visita a la fabrica de SEAT, situada en su Comunidad, con motivo de su setenta cumpleaños.
La historia sirve, o debiera servir, para no repetir errores anteriores, y así vemos como la política económica de la dictadura franquista empleó muchos de sus recursos en fomentar la industrialización de Cataluña y el País Vasco, comunidades a las que tuvieron que emigrar gran número de ciudadanos del resto de España en busca del empleo que no se les ofrecía en sus lugares de origen.
¿Sirvió eso para que los naturales de las comunidades beneficiarias lo agradecieran y se integraran mejor en una España unida y solidaria? No, por supuesto que no, por el contrario, se consideraron mejores y más listos que el resto de los españoles.
¿Qué habría pasado si tales industrias se hubiesen instalado en otras regiones y hubiesen sido los catalanes y vascos los que hubiesen tenido que emigrar a las mismas en busca del trabajo en ellas generados?
Volviendo al presente y dejando a un lado lo que pudo ser pero no ha sido, ¿qué pasará una vez que a Cataluña y al País Vasco les hayamos transferido todas las competencias posibles y, en consecuencia, no quede nada nuevo que darles? En ese momento seguro que plantean, ya sin tapujos: ¿y ahora que? Pues eso, la independencia.
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