Una reforma necesaria para una democracia mejor

Quien quiera la crispación del debate público, la desigualdad entre personas y la división de los territorios, que no busque al PP. Nos encontrará quien quiera que avancemos como sociedad en inclusión y bienestar. La reforma es necesaria y oportuna por cómo hemos alcanzado un texto acordado entre los dos grandes partidos que representamos al 65% del electorado. El camino de diálogo seguido, que pretendemos culminar con un gran consenso parlamentario, tal como la iniciativa exige jurídicamente y merece políticamente, resulta ejemplar porque incluye a los interesados y a sus organizaciones representativas. A todos ellos, les quiero agradecer su labor.

Esta reforma señala también cómo se construye la política desde el centro, desde la moderación y no desde los extremos. Cómo la convivencia democrática necesita de grandes acuerdos, no de muros. Y cómo deben ser los pactos políticos, trasparentes y abiertos, no secretos e improvisados. Una inmensa mayoría de ciudadanos, por encima de siglas, celebrará también acuerdos que representan lo mejor de nuestra historia política, que se resume en el consenso constitucional de 1978.

Era imprescindible que esta reforma mantuviera ese consenso, pero no solo como cuestión formal sino como cuestión política. Así, trasladamos un mensaje muy positivo a las personas con discapacidad, que van a ver cómo sus instituciones se acercan un poco más a ellos. Y también al conjunto de la sociedad, que verá por fin abierto un espacio político de encuentro entre los grandes partidos. Esta reforma tiene un gran alcance social, y en este sentido valoramos también su contenido.

La lengua es algo vivo, en constante evolución, y las connotaciones que los términos tienen en un momento histórico pueden percibirse como inadecuadas con el paso del tiempo. El lenguaje jurídico debe adaptarse al contexto social al que responde, y nuestra tarea como legisladores es asegurar que las personas destinatarias de las normas se vean reconocidas en las mismas e integradas por el sistema político.

La Constitución de 1978 fue pionera, como en tantas otras cosas, en el reconocimiento de las personas con discapacidad en su artículo 49, concretando un aspecto esencial de la declaración de España como Estado social y democrático de Derecho. De hecho, nuestra norma fundamental es la que ha hecho posible el amplio desarrollo normativo que se ha producido durante toda la etapa democrática, con leyes de todos los partidos que hemos tenido responsabilidades de Gobierno: UCD, PSOE y Partido Popular.

Se trata, ahora, de continuar avanzando en esa protección conforme a los progresos que se han producido durante estos años, entre los que destaca la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, en vigor en nuestro ordenamiento jurídico desde 2008. El texto propuesto para su aprobación a las Cortes no solo elimina el anacrónico e inadecuado término de «disminuidos» para sustituirlo por el de «personas con discapacidad». También asume una concepción centrada en los derechos de las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales, cuya integración real y efectiva corresponde a los poderes públicos a través de las políticas de inclusión.

Asimismo, se hace una mención específica a la especial atención de las mujeres y los menores con discapacidad. Un último aspecto relevante a destacar es que la propuesta responde a una mejorada técnica jurídica, pues sigue tanto la jurisprudencia constitucional como las recomendaciones del dictamen del Consejo de Estado de 2021 en relación a la propuesta presentada entonces por el Gobierno.

De este modo, el actual texto mejora el alcance de la protección jurídica y cumple con las expectativas de todos, al tiempo que mantiene la calidad jurídica de la reforma. La reforma del artículo 49 de la Constitución supone, en definitiva, un ejemplo de buena política: damos una mejor atención a las personas con discapacidad, alcanzamos un positivo consenso de Estado y hacemos nuestra democracia más inclusiva.