¿Cuánto cuesta el salvavidas?

A una crisis económica sin precedentes, el Gobierno de Miguel Ángel Revilla responde con los presupuestos y las recetas de siempre y actúa como si aquí, en Cantabria, no estuviera pasando nada, como si el covid se hubiera esfumado y no fuera consciente de la magnitud de la recesión en una comunidad con más de 40.000 parados, que sufre una destrucción de pymes sin precedentes y en la que la crisis social se agrava a pasos agigantados. Y lo hace en un momento en el que el presupuesto de la comunidad es el motor más potente que nos queda, porque todos los demás instrumentos financieros están fallando. Los proyectos del Fondo Europeo de recuperación siguen en el limbo de las ideas y ya hemos visto qué podemos esperar de los Presupuestos Generales del Estado: una batería de subidas de impuestos, una caída de la inversión pública por encima del 14% y otro año en blanco para las infraestructuras pendientes en esta tierra.

Frente a esta inercia, en el Partido Popular hemos diseñado un paquete de medidas dirigidas a salvaguardar el Estado de Bienestar y recuperar los servicios públicos esenciales, ayudar a los sectores económicos más dañados por las restricciones de actividad derivadas de la pandemia, incentivar la inversión pública y privada y reactivar el consumo de las familias para generar crecimiento económico y empleo. De acuerdo con nuestras estimaciones iniciales, las medidas pueden suponer un coste de 300 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad, es decir, 150 millones, suponen un incremento de gasto público que habrá que financiar con un aumento del déficit del 1,1 % sobre el PIB, que no plantea problema alguno una vez que Europa y España han levantado todos los límites al gasto, déficit y deuda. Eso sí es un presupuesto expansivo y no el del Gobierno.

Estamos hablando de una medida excepcional para un año muy excepcional que viene durísimo, puesto que al objetivo de acabar con la pandemia se suma la necesidad de ayudar a familias y empresas a llegar a 2022 para empezar la recuperación. Creo sinceramente que además de urgente es necesario y posible incrementar el gasto público, porque es el presupuesto de familias y empresas el que hay que cuadrar en 2021 y no el de la Administración.

Es más, en situaciones de catástrofe es cuando todos los organismos internacionales recomiendan utilizar el déficit no para aumentar el gasto corriente que no produce nada y desemboca en más déficit estructural, sino para evitar la destrucción económica. Y de eso es de lo que estamos hablando, de evitar que para cuando queramos reaccionar no haya nada que recuperar.

Hablamos de establecer un plan de rescate por importe de 25 millones para sectores como el comercio, la cultura, las agencias de viajes y, como no, la hostelería, que no es causante de la pandemia, sino víctima. Nunca hemos cuestionado ni vamos a cuestionar las medidas que se adopten para luchar contra el covid si están basadas en criterios sanitarios, pero sí reprochamos al Gobierno que no haya sido capaz de acompañar cada restricción con una ayuda inmediata.

Hablamos de incrementar en 50 millones, hasta los 215, la inversión pública para acelerar los plazos y ejecutar las obras pendientes en carreteras autonómicas, infraestructuras portuarias, sanitarias o educativas porque está demostrado que cada millón invertido crea 13 puestos de trabajo y de aumentar en otros 20 millones las trasferencias a nuestro tejido productivo, especialmente en materia de industria e innovación, para impulsar la inversión empresarial.

Hablamos de evitar que los puestos de trabajo afectados por ERTE acaben en extinciones de empleo, ayudando a sostener esas nóminas, y de dar una segunda oportunidad a los parados mayores de 44 años de larga duración, con un plan de recualificación profesional dentro de la empresa que hoy no tenemos. Quince millones de euros más para crear y salvar empleo no es dinero.

Y hablamos de activar el consumo y sostener la demanda extendiendo a Cantabria un programa similar al que tanto éxito ha tenido en el Ayuntamiento de Santander, por importe de 70 millones, mediante un 'cheque familia' para aumentar el gasto de la clase media y trabajadora en el comercio local, la hostelería y en los servicios estados por profesionales y autónomos.

Todo esto que no aparece hoy en el presupuesto podría estar si el Gobierno de Revilla no diera un portazo a la propuesta del Partido Popular antes del debate de totalidad que fija las cuantías definitivas y elimina cualquier margen de maniobra. Que el presidente del Gobierno nos remita al trámite parlamentario sin abrir ninguna negociación previa es dar un portazo a Cantabria y a los cántabros. Perder la posibilidad de convertir el presupuesto de 2021 en la tabla de salvación de Cantabria, porque si no actuamos ahora, en el futuro no habrá nada que rescatar.

Cuando uno se está ahogando y necesita un salvavidas no pregunta cuánto cuesta.