Cuidar la reputación

ANÁLISIS ·
Una buena gobernanza ocupa y preocupa de forma creciente a los grandes inversores y debiera extenderse a todos

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 27 de junio 2021, 08:18

Siempre he sido devoto del cuidado y respeto a la reputación de las empresas. No me refiero a la reputación técnica, ni siquiera a ... la reputación meramente financiera de los balances y las cuentas de resultados anuales, que también, si no a aquella que se refiere a su comportamiento ético, al cumplimiento de determinada normas de impacto social, al respeto de las leyes mercantiles y también a las laborales, las medioambientales, etc. Hace ya muchos años que esos compromisos sociales se han incorporado a la cultura empresarial y al acervo mercantil al adoptarse toda una serie de normas dirigidas a garantizar la buena gobernanza de las grandes corporaciones. Es cierto que la mayor parte de esa evolución se incorporó primero a la mentalidad empresarial y luego a la legislación a raíz de una serie de escándalos mundiales como fue el caso de Enron, que arrastró en su caída a una firma de la entidad de Arthur Andersen, o el de Lehman Brothers. Pero, quizás por ello, fueron medidas bienvenidas y rápidamente trasladadas desde los reguladores anglo sajones hasta todos los demás países.

Como consecuencia de todo ello, tenemos hoy un cuerpo legal de protección de los aspectos reputacionales que, entre otras cosas, tratan de impedir la comisión de delitos en la actividad de las empresas y en las actuaciones de sus dirigentes y ejecutivos.

Pero también tenemos bastante experiencia de que, a la hora de la verdad, la concreción de esas medidas deja mucho que desear y tanto su literalidad como su espíritu sufren enormemente a la hora de aplicarla a la realidad.

En una causa judicial debe haber una actuación equilibrada y no sólo la negación de los hechos que se le imputan

Esta semana hemos tenido un buen ejemplo de ello. La decisión del juez instructor de calificar de investigados a una serie de altos directivos de Iberdrola y su pregunta a Anticorrupción sobre si debe de imputar también a la propia empresa, han llevado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y a la propia CNMV a mostrar su preocupación por el posible deterioro de su reputación. Un temor que ningún órgano interno de la empresa ha sentido, al menos no con la intensidad necesaria, para ponerse en marcha.

Es posible que a la mayoría de los accionistas individuales -los llamados minoritarios- les importe más la evolución de la cotización y el tamaño del dividendo que otras consideraciones de esta índole, pero es evidente que una buena gobernanza ocupa y preocupa de forma creciente a los grandes inversores institucionales y debería hacerlo con todos.

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La prueba es que la acción de Iberdrola bajó más de un 3% en cuanto se conoció la noticia, que venía acompañada, además, de unas medidas gubernamentales dirigidas a castigar, es decir reducir, las retribuciones que obtienen las centrales de generación menos contaminantes pero más amortizadas, que se benefician de los precios marginales registrados en las subastas eléctricas. Puede que parezca un guarismo irrelevante, pero si aplicamos el porcentaje sobre la capitalización total de la empresas veremos que ha perdido casi 3.000 millones de valoración, desde que se produjo la imputación judicial.

La defensa de la empresa, como ha sucedido en anteriores ocasiones similares con otros casos parecidos, consiste en negar cualquier actuación ilegal, lo que obliga a mantener intacta la presunción de inocencia.

El problema aparece cuando, a pesar de ello, es evidente que la situación judicial, desde que se inicia y mucho antes de que concluya, produce daños reales y en ocasiones definitivos, a las empresas. ¿Qué deben hacer ante ello los órganos de gobierno de las empresas y todo tipo de corporaciones? Actuar con contundencia y adoptar medidas definitivas puede causar daños irreparables a las personas físicas afectadas, al pisotear su presunción de inocencia. pero, no hacer nada y esperar hasta que terminen las actuaciones judiciales daña la reputación de la empresa y perjudica su cotización. Supongo que, en medio de ambas posturas, hay sitio para una solución equilibrada.