Fast-track para la transición energética en Cantabria

Este reto global de transición energética de la humanidad, conlleva costes elevadísimos y grandes cambios, así como serios riesgos sociales y medioambientales, pero al mismo tiempo puede convertirse en una excelente oportunidad económica para una mayor y mejor industrialización, y en consecuencia más prosperidad.

En Cantabria no estamos ajenos a esta situación y cualquier persona observadora de la actualidad en los últimos años puede intuir que las actuaciones en marcha en transición energética —tales como, la adaptación de las redes energéticas de transporte y distribución, la expansión de la generación distribuida mediante el autoconsumo ciudadano y las comunidades energéticas locales, el desarrollo de parques eólicos de generación renovable y plantas de almacenamiento eléctrico (bombeo hidráulico reversible, baterías, etc.), las plantas de generación de gases renovables, las actuaciones en instalaciones de industria cero emisiones (plantas hidrógeno, industria para la electromovilidad, etc.) y en eficiencia energética de procesos industriales productivos— suponen unas inversiones tan extraordinariamente elevadas en cuanto a su cuantía que posiblemente no haya referencia histórica similar reciente. De hecho, el conjunto de proyectos relacionados a la transición energética son la mayor cartera de inversiones actualmente en Cantabria en cualquier ámbito público o privado.

Se requiere un imperativo de sensatez para que todos (o al menos, la inmensa mayoría de) los agentes políticos, sociales, económicos y vinculados con el conocimiento y la tecnología de la Comunidad Autónoma sean capaces de apoyar estas actuaciones y expliquen la importancia decisiva de las ventajas de carácter laboral, medioambiental y económico, que ofrece a Cantabria ser tierra de acogida a estos proyectos en curso, y se logre un futuro más próspero y sostenible. 

Sin duda, el nuevo equipo de Gobierno de la Comunidad y el resto de la Administración Pública también tiene que asumir el reto de liderar esta acción de una forma decidida, muy especialmente a través de una tramitación 'Fast-track' para estos proyectos que tienen un impacto regional estratégico más allá del lugar concreto en el que se implantan.

En la actualidad, esta tramitación, que por ley es compleja y garantista, muestra elementos disfuncionales que deben ser corregidos a mayor brevedad. Explicaré brevemente algunos aspectos: (1) la interlocución con los promotores para ser efectiva debe recaer en una única ventanilla, que corresponde legalmente al órgano sustantivo, normalmente Industria, y lógicamente este órgano tendrá que realizar una gestión coordinada con el resto de negociados; (2) cada departamento público regional debe entender su rol sin protagonismos ineficaces, centrando exclusivamente sus alegaciones o informes en materias que sean de su competencia, y emitiendo respuestas motivadas técnicamente, sin caer en la tentación de un erróneo uso generalizado del principio de cautela sin más fundamento; (3) la eliminación de duplicidades, tales como la supresión de la repetición de procesos de información pública en trámites urbanísticos a proyectos que ya los han superado en la fase medioambiental y energética, y únicamente sirven para alargar artificialmente las tramitaciones y facilitar la presentación de reiterados recursos de carácter indirecto a las autorizaciones ambientales desde entidades negacionistas o colapsistas con prácticas claramente no ajustadas a la mejor práctica legal y con el evidente ánimo de bloquear las inversiones; y (4) la exención de la exigencia de licencia municipal para estos proyectos que disponen de autorizaciones ambientales, administrativas y constructivas, pues a través de la tramitación requerida legalmente los proyectos finales ya recogen todos los condicionados técnicos requeridos por un sinfín de entidades públicas y privadas, incluyendo los de las propias entidades locales.

Acelerar los procesos administrativos no es simplemente una tarea de reducción de procedimientos a través de cambios normativos, pues resulta imposible sin recursos humanos suficientes en los órganos responsables de la tramitación que en muchas ocasiones trabajan con medios lamentables, ni sin la óptima gestión de estos recursos por parte de los máximos responsables de forma que se logre que operen de forma ágil, coordinada y eficaz.

Existe suficiente talento y capacidad por parte de las personas, empresas y sociedad de Cantabria y es necesario asumir conjuntamente el desafío de la transición energética para no dejar pasar esta oportunidad que nos permita dar un salto cuantitativo.