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Con motivo de la aprobación en el Congreso de los Diputados de los presupuestos generales para el año 2023, hemos visto cómo, para poder contar con los votos de los partidos que permitieron en su día la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ... de España, éste ha hecho una serie de importantes concesiones a los mismos, unas veces en forma de dinero contante y sonante y otras, lo que es mucho más grave, en forma de cesión de importantes competencias a sus respectivas Comunidades Autónomas.
Desgraciadamente todos los gobiernos, de uno y otro signo, desde la aprobación de la actual Constitución, han ido haciendo continuas cesiones a los partidos independentistas, primero a Convergencia y Unión de Cataluña y a PNV del País Vasco, hasta llegar actualmente a lo que parecía impensable, cuál es negociar y ceder ante un partido de la catadura de EH Bildu, defensor que es de aquellos que hasta hace bien poco se dedicaban a pegar un tiro en la nuca a todos quienes se opusieran a sus ideas independentistas.
Es de resaltar a los efectos anteriores que ya para la aprobación de la propia Constitución los dos grandes partidos de entonces, UCD y PSOE, hicieron concesiones importantes a partidos que por su dimensión y territorio al que representaban no eran de gran importancia en el conjunto parlamentario, pero que en un intento de lograr la aceptación de una Constitución que querían de todos y para todos no dudaron en hacer un gran esfuerzo para atraer a un consenso común a los distintos partidos nacionalistas.
Tal esfuerzo resultó vano, pues ya desde un principio, en vez de valorarlo en todo lo que ello suponía, el PNV, una vez obtenido lo que quería, cuál fue el reconocimiento de su singularidad foral mediante el establecimiento de un concierto económico –lo que no deja de ser una anomalía, al romper la igualdad entre los españoles estableciendo un régimen especial para el País Vasco del que carecen el resto de comunidades, con excepción de Navarra, reconociendo con ello a ambas unos pretendidos derechos medievales de los que nada se da al resto de comunidades– cesión a la que el PNV correspondió con su abstención en el referéndum para la aprobación de la citada Constitución, alegando, para ello, que la misma nada tenía que ver con el País Vasco. Ante tal postura lo lógico hubiera sido que, dado que según ellos nada tenían que ver con la Constitución, se hubiese enmendado la misma a la primera ocasión, eliminando el concierto económico que les reconoce e igualado así dicha Comunidad con el resto de regiones españolas.
Posteriormente, desde los gobiernos del PSOE, presididos por Felipe González y después por José Luis Rodríguez Zapatero, a los del PP, presididos por Aznar y luego por Mariano Rajoy, todos ellos, siempre que necesitaban los votos de los partidos nacionalistas catalanes o vascos echaban mano de ellos, previa cesión de fundamentales competencias, cuando no ayudas económicas o realización de importantes infraestructuras en sus territorios, hasta llegar actualmente al de Pedro Sánchez, el cual, como decía anteriormente, ha llegado al extremo de negociar con partidos que no solo no han condenado nunca el terrorismo etarra sino que han sido, y son, parte fundamental de su estructura política, como es el caso de EH Bildu, o que han protagonizado recientemente un golpe de Estado contra la unidad de España, llámese como se llame tal acción desde el punto de vista jurídico, cuál ha sido el caso de ERC de Cataluña.
A la vista de las importantes concesiones hechas a los pequeños partidos independentistas cada vez que el Gobierno precisa de aquellos para aprobar sus presupuestos o alguna ley de cierta relevancia, cabe preguntarse: ¿Y cuando no haya más que darles, que harán? ¿Les darán la independencia? Claro, que en ese caso ya no podrán contar, a partir de ese momento, con tales apoyos, con lo cual, como recientemente ha dicho Otegi, perderían el poder, causa y razón de todas las cesiones anteriores.
Es evidente que esta deriva debe pararse más pronto que tarde y que es preciso a tal fin un gran acuerdo de Estado entre los dos grandes partidos nacionales que evite estas situaciones, modificando para ello la ley electoral y ordenando el modelo autonómico con el que con gran ilusión y esperanza de futuro organizamos nuestro país cuando aprobamos, hace ahora cuarenta y cuatro años, la Constitución, posibilitando así gobernar a quien los españoles en su conjunto decidan en cada momento, pero sin que los mismos queden sometidos a pequeños partidos nacionalistas que en vez del bien del conjunto de los españoles solo les interesa su pequeño territorio cuando no la simple destrucción de España.
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