¿Lo simple o lo complicado?

Se publicaba hace días que el Gobierno regional había detectado 325 trámites «caducos, obsoletos, redundantes o innecesarios» que lastraban su agilidad burocrática y que, en aras a la Ley de Simplificación Administrativa que acaba de presentarse como anteproyecto (incluido que en 'silencios administrativos' del entramado ... legal el criterio pasará a ser positivo o que licencias/autorizaciones se sustituirían por declaraciones responsables), supondría que el 30% de procedimientos podían mejorarse en esta labor hercúlea de gestionar asuntos públicos. Tirando del hilo, ya decía Confucio: «La vida es simple, pero insistimos en hacerla complicada». Eso mismo puede aplicarse a la gestión de lo local, de empresas o incluso a nuestra vida cotidiana pues, ¿cómo estar en contra de algo así al mejorar la competitividad y atraer inversiones o ser elemento tractor al acelerar trámites? ¿O una 'conjunción planetaria' hará que, junto a todo este ecosistema de procesos por consejerías, el cambio disruptivo por nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), junto con la Inteligencia Artificial y el ser más sostenibles con políticas de 'cero papel', supondrá que con el mismo personal se acortarán tiempos de acceso y actuará con más celeridad en los 1.581 tipos de gestiones con la Administración? En el fondo subyace nuestra eterna disyuntiva como humanos y sin 'libre albedrío': querer compararnos con el vecino o 'privación relativa' por la cual si él/ella tiene un coche mejor que el tuyo o va sin prisa al trabajo entonces tu día 'no es igual' pues vive mejor que tú. En Aragón, Murcia o Valencia tienen ya normativas de ese estilo mientras que en otras como Castilla-La Mancha se aprobarán Leyes de Simplificación Administrativa en 2025 con figuras nuevas como las 'entidades colaboradoras' (acreditadas por la región para colaborar con empresas y ciudadanos para preparar expedientes y agilizar procesos) que ahora Cantabria adoptaría o la creación del 'Espacio Ciudadano' o «neopalabra orwelliana» (espacio digital que haría a los residentes castellanomanchegos acceder sencillamente a servicios que ofrece su gobierno y sin trámites presenciales, convirtiendo a consejerías en agentes 'proactivos'). Como me decía un buen amigo, conocedor de los entresijos de las administraciones, la cuestión es si seguir teniendo modelos 'latinos' (más presenciales y con componente humano paternalista) o 'anglosajones' (más 'líquidos', cambiantes-facilitadores o híbridos proactivos con menos presencialidad e intervención) para gestionar asuntos de papeleos, trámites, permisos, etc. O es que a lo largo de agosto, mientras se madura esta ley (bautizada como 'Cantabria facilita' o 'cambio de paradigma') presentada como herramienta que otorgue más agilidad, económica y eficacia, ¿no estaría bien acompañarla de otra de proyectos estratégicos/prioritarios (¿responde eso a la creación de la oficina cántabra aceleradora de proyectos que se anuncia a semejanza de lo que anuncian idem nuestros vecinos asturianos?), que complementase esa esfera empresarial e hiciese de 'imán', atrayente de talento y reductor de tiempos, con la de la ciudadanía de la ley que se acaba de anunciar? ¿Por qué no se emplean algoritmos de Inteligencia Artificial primero en consejerías de alto presupuesto y luego transversal e integralmente en otras para adelantarse a las necesidades ciudadanas (al tener nuestros datos) y autorizarlas a que nos avisen de prestaciones, ayudas o servicios que sean adecuados, sin tener que solicitarlos con múltiples trámites, sólo por tener las condiciones fijadas en convocatorias? Por ejemplo, en muchos países existen ya pagos vía Bizum. ¿Esta ley cántabra dice algo sobre eso?, ¿o es descabellado pensar que estimaciones del impacto económico (realizadas técnicamente con métodos Standard Cost Model (SCM), que a cada regulación le asocian un número de requerimientos de información que implican múltiples tareas administrativas cuyo coste se estima como tiempo para realizarla por una tarifa, bien salario de la persona encargada o tarifa de un 'externo' que la haría, multiplicado por un cálculo del número de sujetos afectados por esa regulación y la frecuencia con que la información se transmite a la autoridad de reducciones de cargas administrativas como esas 325 mencionadas llegasen a alcanzar un 3,6% del PIB como en Holanda o 1,5% como en Reino Unido o Dinamarca? Buenas preguntas veraniegas en este periodo de información pública de este anteproyecto de ley cántabra. Ya decía Ockham: «En igualdad de condiciones, la solución más sencilla suele ser, también, la más probable».