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Han pasado ya más de dos meses desde que la ley ELA se aprobara por unanimidad en el Congreso. Yo lo sé porque estuve allí ese día. Quiero decir que no fue una alucinación. Ese día hubo lágrimas y alegría, pero sobre todo apareció ante ... los enfermos un hilo de esperanza al que agarrarse para poder seguir viviendo con esta enfermedad tan jodida. Para algunos ese hilo suponía una garantía económica para no tener que elegir entre vivir o morir.
Sin embargo, con la ley publicada y toda su parafernalia legal, estamos como al principio: sin financiación y sin cumplimiento de la ley.
La semana pasada, el PP llevó a la Cámara baja una proposición en la que instaba al Gobierno a garantizar la financiación de la ley. Y luego empezó la trifulca entre los que tachan al Gobierno de abandonar a los enfermos, porque existen mil maneras de financiar la ley; y los del Gobierno, que se defienden alegando el rollo competencial de los ministerios, las comunidades autónomas, consejerías de Sanidad, Asuntos Sociales y la madre que los parió; y que ellos defienden la sanidad pública, no como otros.
Ante este panorama, cabe remarcar que aquí no se trata de solicitar determinadas ayudas para determinadas personas. Aquí hay una ley aprobada y publicada. Como afirmó Fernando Martín, presidente de ConEla: «Queremos que la ley se cumpla, es una exigencia, no una petición, porque la ley ya está en el BOE y se tiene que cumplir». Me pregunto en qué lugar queda una clase política incapaz de gestionar la financiación de una ley en vigor. Y cómo se lo explicamos a los enfermos, a los que hemos hecho creer que podrían seguir viviendo para luego abandonarlos en un limbo legal.
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