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Según el artículo 40 de la Constitución española, «los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa». Alberto Garzón, hace algunos años, puso en un tuit que defendía que « ... toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad esté subordinada al interés general»; le llamaron de todo menos guapo, pero resulta que él sólo citó textualmente el artículo 128.1 de la Constitución. Feijóo, la semana pasada, declaró que «la justicia social no es cuestión de creer o no, está en la Constitución» y su portavoz, Borja Sémper, defendió en relación a esto mismo «un modelo de crecimiento económico, de prosperidad y de no dejar a nadie atrás».
Sin embargo, Milei, en la cara de Ayuso, habló de un monstruo aberrante, violento y empobrecedor llamado justicia social, una de sus bestias negras, y que ha llevado en su país al límite de suspender tratamientos a pacientes con cáncer. Pero Milei debe saber que en nuestro país el concepto justicia social no es un constructo ideológico propio de determinados partidos o ideologías; es algo que impregna la Constitución por la que deben regirse todos. Seas zurdo, diestro, extremista o nacionalista.
Hablando de Constitución, en el artículo 43 «se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios», algo que no se está cumpliendo con los enfermos de ELA, a los que no se dota de los elementos necesarios para que puedan seguir viviendo, y se ven obligados a morir por no poder costearse sus cuidados necesarios. Tomen nota los que se están pensando tanto la ley ELA.
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