Un debate de cine en la Filmoteca Española

Además, de forma paulatina, a lo largo del siglo XX se fue consolidando como un poderoso instrumento de exportación de imaginarios, formas de vida y, en ocasiones, aproximaciones geopolíticas, de modo que en algunos países se impulsó con distintas medidas este vehículo de posicionamiento en el exterior. El cine, antes como ahora, se cuestiona su naturaleza y explora mecanismos para su desarrollo y subsistencia. Este afán indagador lo posee desde su creación la Unión de Cineastas, una asociación que aglutina en su seno personalidades inquietas y preocupadas por el devenir del hecho cinematográfico y que de tiempo en tiempo realiza propuestas de debate público con el objetivo de participar en la configuración de medidas y acciones concretas.

Así, a un encuentro multitudinario hace unos años, que reunió en un abarrotado Círculo de Bellas Artes en Madrid a representantes de diversas fuerzas políticas para debatir sobre el cine, le siguieron varias iniciativas, centradas en su mayoría en algo que no sólo enlaza con el futuro del cine, sino también con el concepto de ciudadanía crítica y con la propia suerte de la democracia: la educación audiovisual.

El pasado 25 de noviembre quien escribe fue invitada a moderar una de estas jornadas, el III Encuentro de Cineastas, con el título 'Por una política cinematográfica: cómo construir un modelo'. La Filmoteca Española ejercía de anfitriona generosa y la sala del Cine Doré albergaba así durante varias horas un diálogo pausado entre ponentes y un público cualificado, donde tomaba notas e ilustraba con información actualizada la directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, pero también Fernando Lara, quien hace años, en 2007, impulsara una muy loable Ley del Cine, con el apoyo de todos los grupos políticos en el hemiciclo y que ponía entonces de manifiesto el compromiso con el sector como manifestación industrial y como manifestación cultural y artística.

Los perfiles de los invitados eran diversos, por origen geográfico y profesional, pero compartían experiencias en la gestación de cambios de calado en las políticas cinematográficas de diversos países. Henning Camre, promotor de los cambios en el Instituto del Cine danés, Felipe Aljure, impulsor de un nuevo marco normativo para el cine en Colombia, y Leon Forde, miembro aventajado de la consultora Olsberg en el Reino Unido, expusieron desde ángulos diversos lo que no fueron sino puntos de encuentro e identificación de tendencias.

En primer lugar, una de las ideas destacadas tanto en el encuentro como en la reflexión contemporánea sobre el cine, fue la apertura hacia el exterior. Y ello por los crecientes costes de los procesos de producción, que lleva a buscar financiación en diversas fuentes nacionales e internacionales, pero también por deseo y la necesidad de garantizar que las películas viajen y se exhiban en pantallas más allá de las propias fronteras. La internacionalización lleva en ocasiones a recabar la opinión de expertos de otros países, que examinan los proyectos y asesoran en los procedimientos de concesión de ayudas públicas, como es el celebrado caso de Colombia.

En segundo lugar, y dado que el encuentro versó sobre procesos para impulsar políticas, resultó de particular interés confrontar el peso de los distintos agentes en la conformación de dichas políticas. Así, mientras en Dinamarca fueron los directores quienes en el año 1964 impulsaron la Ley del Cine y, con posterioridad, contribuyeron a su puesta en funcionamiento, en otras latitudes han sido los productores quienes han participado en las negociaciones con las Administraciones Públicas. Resulta obvio que el foco de unos y otros es, en muchas ocasiones, diferente y que su aproximación a la creación cinematográfica también lo es. De ahí que, en una conclusión somera, se instara a contar en los procesos de elaboración de políticas públicas cinematográficas y de normas con una presencia lo más variada posible de las distintas fases de la cadena de valor (producción, distribución, exhibición), pero también con representantes de distintas voces y sensibilidades.

Por último, y entre otras muchas cuestiones surgidas, se instó a la consecución de estructuras y políticas públicas dotadas de estabilidad. Cierto es que los fundamentos del Estado democrático exigen que cada Gobierno disponga de margen de actuación atendiendo el respaldo electoral que lo ha llevado al ejercicio del poder público. Sin embargo, principios como el de seguridad jurídica y el de confianza legítima, así como la necesidad de contar con un marco estable que permita confeccionar proyectos a medio y largo plazo, requieren unas bases aceptadas con carácter general y unas posibilidades de actuación por parte de las Administraciones públicas que sean adecuadas para la consecución de sus fines.

Una vez más, se abogó por dotar de mayor autonomía al ICAA, en consonancia con sus homólogos internacionales, y se apuntó a la posibilidad de rescatar el mandato legal de convertir el Instituto en Agencia, donde varios Ministerios tengan voz y donde puedan articularse mecanismos eficaces de impulso de medidas concretas también por los interesados. Y es que, aunque se haya derogado la Ley de Agencias Estatales de 2006, el Derecho no es – nada más y nada menos – que un instrumento de la política y, en consecuencia, de las políticas públicas. De ahí que rescatar una construcción jurídica con carácter general o para un caso concreto no puede ser un impedimento, si existe consenso sobre su conveniencia. Y la búsqueda de consensos sobre los procesos y los objetivos fue justamente el sentido de la jornada organizada por Unión de Cineastas, por lo que cabe desear que los debates no queden en saco roto y que se promuevan todavía más en el futuro.