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Todos los organismos científicos recomiendan hacer un consumo moderado de carne roja y un ejemplo muy cercano de las implicaciones para la vida es cuando el médico te quita el chuletón de la dieta por la enfermedad de turno. Por ello, sorprende el revuelo ... que determinados sectores políticos, sociales y económicos han montado tras la campaña del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que invita a reducir el consumo de carne por la salud de las personas y del planeta. Una polémica artificial contra un ministerio que, con las competencias en materia de seguridad alimentaria, ejerce su responsabilidad de información a las personas consumidoras. Montar el pollo por hacer su trabajo.
Si todas las personalidades que salieron en tromba a criticar la campaña hubiesen visto el vídeo de cinco minutos lanzado por el ministerio habrían comprobado que no se echaba la bronca a nadie por comer carne ni se prohibía su consumo ni se atacaba a las familias ganaderas. Es más, se apoyaba abiertamente a la ganadería extensiva, por mucho que le pese a nuestro presidente Revilla, «genéticamente carnívoro» -según sus palabras-, a quien le faltó tiempo para opinar como hombre que habla de todo, incluso cuando el silencio es más útil. El único ser humano que no es omnívoro es hábil en las palabras y en agradar el oído a los ganaderos de Cantabria, no tanto en los hechos, aplicando las competencias que su Gobierno tiene para apoyar al sector tras décadas menguando.
Si de hechos hablamos en favor de las familias ganaderas, se puede afirmar con toda rotundidad que Garzón ha hecho más por ellas en un año en el cargo -pandemia mediante- que los gobiernos de Revilla en décadas. En diciembre de 2020, Consumo impulsó y el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 1086/2020, el cual regula y flexibiliza determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios. Con esta medida, aplaudida por todas las asociaciones agrarias, se promueve el desarrollo de sistemas agroalimentarios más sostenibles, favoreciendo la viabilidad y la subsistencia de pequeñas explotaciones familiares y de los pequeños productores agroalimentarios -como los de Cantabria-, lo que contribuirá al mantenimiento de la población en el medio rural.
Además, se facilitará el consumo de cercanía, los canales cortos de comercialización y la producción de alimentos más sostenibles. Cantabria, como han hecho otros territorios de España y Europa, podría haber desarrollado esta normativa hace muchos años. Sin embargo, hay quien se pasea para la foto de feria en feria o de plató en plató y quien, por otro lado, trabaja por el bien común.
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