Declinantes clase media y estado del bienestar

No creo incurrir en ninguna exageración si digo que estamos cansados de oír que, sea la definición que sea la que se utilice, una clase media potente es el verdadero soporte de la democracia de un país y de la buena marcha de su economía. Por fortuna, las cinco o seis décadas que siguieron a la finalización de la segunda guerra mundial vieron como la clase media europea fue ganando terreno poco a poco hasta convertirse, de verdad, en el pilar básico del desarrollo político, económico y social de una gran mayoría de los países occidentales. En las dos últimas décadas, sin embargo, las cosas se han empezado a torcer de forma más que evidente, hasta el punto de que, sin exageración alguna, puede decirse que la clase media se ha convertido en la verdadera pagana de todas las crisis económicas padecidas al menos desde 2008.

 España, por desgracia, constituye un ejemplo claro de que esto es así. Y lo constituye por dos motivos. Por un lado, porque desde principios del año 2000 hasta la actualidad el peso de la clase media española se ha reducido en ocho puntos porcentuales, desde el 66% del año 2000 hasta el 58% de 2019. Y, por otro, porque, en contra de lo que es la norma en la mayoría de los países europeos, sobre todo los del centro y norte del continente, el peso de la clase media baja (la que tiene unos ingresos entre el 75 y el 125% de la renta mediana) es similar al de la clase baja (la que tiene una renta por debajo del 75% de la mediana), lo que convierte a nuestro país, asombrémonos, en uno de los menos igualitarios dentro de la Unión Europea.

Pues bien, la respuesta dada por nuestro 'estado del bienestar' a las sucesivas crisis padecidas desde 2008 no ha logrado en absoluto frenar esta pérdida de peso específico de la clase media española, lo que explica, que no justifica, creo yo, el auge de los fenómenos populistas que vive el país desde entonces. En efecto, aunque con bastante retraso sobre lo que debería haber sido una actuación precisa y a tiempo, nuestro país, como la inmensa mayoría de los países occidentales, ha reaccionado a las crisis económicas elevando el gasto público de forma sustancial, lo que se ha traducido, asimismo, en un incremento muy notable de la deuda pública.

Y, aunque es obvio que este incremento del gasto ha amortiguado, sobre todo en el caso de la pandemia, los efectos perversos de las crisis sobre una gran parte de la ciudadanía, son cada vez más las voces que, como manifestaba hace unos días Joaquín Estefanía, «recomiendan abiertamente que el núcleo ciudadano sobre el que se aplican los escudos sociales se vaya reduciendo, lo que no deja de ser una contradicción si hay agravamiento de la situación». Pues bien, reconociendo que tiene sentido el hecho de que, dado el elevado nivel de deuda, se pase de ayudar a la sociedad con carácter general (los casos de la bonificación del carburante o del transporte público gratuito son ejemplos claros) a hacerlo de forma más específica, no deja de llamar la atención que, como ocurre casi siempre con las ayudas focalizadas a determinados colectivos (los más vulnerables, los transportistas, etc.), los verdaderamente damnificados sean los componentes de la clase media, y sobre todo, los de la clase media baja. No es de extrañar, por lo tanto, que este colectivo, en lugar de ser más numeroso que el de la clase baja, se equipare en términos poblacionales con éste, con el consiguiente resultado de un aumento de la polarización en la distribución de la renta. La solución es, como ya se está empezando a proponer, una reforma fiscal que distribuya mejor los costes (impuestos) y beneficios (servicios públicos) de nuestro 'estado del bienestar'.