Defensa y desarrollo

Hablamos de un sector, el de la industria de defensa española, con un alto componente en I+D+i que supera anualmente los 2.000 millones de euros de inversión (tanto en el ámbito civil como militar); con 20.000 millones de euros de facturación y con más de 210.000 empleos dependientes de él (entre empleo directo e indirecto), siendo estos empleos mejor remunerados que la media, por su cualificación. Igualmente es un sector que genera una recaudación de impuestos nada despreciable (tanto por Impuesto de Sociedades como IRPF) que alcanza cifras en torno a 2.500 millones de euros anuales.

Un sector que supone el 1,7% del PIB de nuestro país y que es, en gran medida, exportador, tiene motivos para sentir orgullo de muchos de los proyectos en los cuales están presentes sus empresas, como la construcción de la nueva serie de submarinos S-80, fragatas y corbetas para España y otros países y un largo etcétera.

Dicho todo esto, sería lógico pensar que un sector estratégico para la defensa de los intereses de España y los de nuestros aliados merecería un mayor esfuerzo inversor y apoyo institucional, máxime cuando cada vez más la tecnología desarrollada en este sector tiene una aplicación directa en el ámbito civil.

El esfuerzo inversor deberá venir de las propias empresas que ven oportunidades de negocio, ya sea a nivel nacional (limitado por nuestro exiguo presupuesto de defensa) o internacional (participación en programas europeos de defensa o de la OTAN). Unas empresas que tienen capacidad para trabajar en conjunto con las diferentes instituciones europeas e internacionales para dar soluciones a los proyectos que hay en desarrollo. Dicha capacidad viene por su propio sentido inversor y voluntad de crecimiento, por su carácter innovador así como por su disposición para unirse a otras en la concurrencia a proyectos de forma conjunta, donde cada una de ellas aporte en grado máximo su especialización.

El apoyo institucional deberá pasar por facilitar programas de desarrollo de tecnologías aplicadas a uso militar y civil, así como a programas de defensa concretos; el apoyo al nacimiento de centros de desarrollo de tecnología aplicada a la defensa y la unión del capital humano que sale de nuestras universidades con las empresas y los gobiernos, tanto nacionales como europeos, en aras de conseguir beneficio para nuestra sociedad.

Cantabria tiene un importante número de empresas vinculadas al sector defensa. Pymes en su mayoría, pero con un elevado potencial tecnológico. El Clúster de la Industria de Defensa, que acaba de cumplir su segundo aniversario, nació precisamente con vocación de agrupar a estas empresas y potenciarlas y ayudar a otras a introducirse en el sector. Son muchos e importantes los objetivos que nos hemos marcado de cara a los próximos años, algunos muy ambiciosos que requerirán un fuerte compromiso político, empresarial y académico.

El Fondo Europeo de Defensa abre interesantes oportunidades para las empresas del sector que debemos aprovechar. Se trata del principal instrumento de la Unión Europea para apoyar la cooperación en materia de defensa y va destinado a fomentar la autonomía tecnológica estratégica de la Unión Europea. Refuerza las partidas presupuestarias de los estados miembros y fomenta la cooperación entre empresas de todos los tamaños y agentes en el ámbito de la investigación. Dotado con un presupuesto de casi 8.000 millones de euros, aproximadamente un tercio se destinará a financiar proyectos de investigación competitivos y colaborativos, en particular mediante subvenciones, y los dos tercios restantes a complementar la inversión de los Estados miembros mediante la cofinanciación de los costes de desarrollo de las capacidades de defensa tras la fase de investigación.

Es el momento de la industria de defensa; una industria que contribuye decisivamente al reforzamiento de la base tecnológica de nuestro país, generando riqueza para la sociedad, y que está llamada a ser motor del futuro industrial de España y Cantabria.