En defensa de la industria de Cantabria

La confirmación de que en 2019 Cantabria fue la segunda comunidad con mayor caída de la facturación industrial, mientras que este concepto aumenta en España, vino a agregar un elemento más de preocupación a la sacudida experimentada en estos inicios de 2020 por buena parte de la industria de nuestra región. Es preciso tener presente que este sector productivo aporta prácticamente el 20% de la economía cántabra y el 15% del empleo directo (hay mucho otro indirecto en servicios a las industrias, como seguridad, limpieza, consultoría, transporte, seguros y banca, etcétera).

Durante el año pasado, una gran parte del tejido industrial cántabro, orientado a los componentes de automoción, padeció la retracción del mercado como consecuencia de las erráticas comunicaciones del Gobierno de España acerca del modelo de transición ecológica en este sector. El castigo de los motores diésel afectó tanto a los concesionarios como a las fábricas; ahora el motivo de inquietud máxima es la alteración de las condiciones económicas del suministro energético a las fábricas. La movilización de Galicia, Asturias y Cantabria, que concentran industria electrointensiva y plantas de cogeneración, es un síntoma del peligro que las medidas del gabinete de Pedro Sánchez representan para empresas que llevan muchas décadas creando riqueza y bienestar en su entorno. Empresas que deben competir con rivales europeos y extraeuropeos cuyos costes eléctricos son mucho menores, como Alemania y Francia. Estas normativas están causando efectos dañinos incluso antes de ser aprobadas, pues su solo planteamiento modifica las expectativas de negocio y las decisiones estratégicas de los operadores empresariales. Así ha sucedido en Sniace, donde una delicada transición a una nueva situación societaria, más innovadora y fortalecida, ha sido frenada en seco al crearse el fundado temor a una fuerte reducción en las retribuciones a la cogeneración. La respuesta de la ministra de Industria ha sido muy insatisfactoria, teniendo en cuenta el drama humano de Sniace y la repercusión que su liquidación tendrá en todos los indicadores económicos de la comarca del Besaya y de la propia economía de nuestra comunidad.

Desde el punto de vista de fenómenos de opinión pública, llama la atención la tibieza con que se toman la coyuntura los representantes de aquellos que más tienen que perder: los trabajadores industriales. Parece existir paradójicamente una mayor alarma y reacción en altos responsables empresariales y políticos, que en los propios sindicatos. Cuando Sniace echó el cierre en verano de 2013, las movilizaciones fueron masivas. Más recientemente, las dudas sobre Sidenor en Reinosa también dieron lugar a una gran corriente de opinión y solidaridad. Teniendo en consideración los tiempos y fases de tramitación que llevan ya las normativas sobre cogeneración o sobre consumidores electrointensivos, la falta de un mensaje más firme por la parte social es difícil de explicar y debilita la posición reivindicativa de las industrias ante las instituciones. Y no parece que la Administración central quiera dar el brazo a torcer para favorecer la viabilidad de cierto tipo de industria, que en Cantabria ha venido siendo una seña de identidad de su nivel de prosperidad ya desde finales del siglo XIX. Es de esperar que en todos los casos la carestía de la factura energética no tenga el efecto fulminante que hemos presenciado en Sniace, pero no cabe omitir que emerjan riesgos reales de deslocalización. En empresas donde los costes más gruesos son la factura eléctrica y la nómina, si sube la primera lo pagará la segunda, hasta que se alcancen zonas de pérdidas persistentes e inviabilidad. Cantabria debe reunirse en torno a su industria y defenderla, sin mirar colores políticos y expresándose con la determinación necesaria.