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Tras el obligado y caprichoso desplazamiento a Santander del 70% de los integrantes del Patronato del Parque Natural de Oyambre, su última reunión ha vuelto a demostrar la inutilidad de este órgano de supuesta participación sobre el espacio protegido que, tras más de ... tres décadas desde que se creó, sigue profundizando en la degradación de sus singulares valores. Todavía carece de un Plan Rector de Uso y Gestión, Desarrollo Sostenible y de un Plan Sectorial, que la ley le exige como instrumentos imprescindibles para regenerar, restaurar y corregir los numerosos impactos ambientales y sobre el paisaje. Además de lograr un mayor compromiso con la población de los ayuntamientos de Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Udías y Comillas en la defensa de su desarrollo sostenible.
Y así denunciamos el fracaso en la concesión de subvenciones, para actividades tradicionales o de nueva creación, al quedar desiertas, sin seguimientos ni asesoramientos técnicos y legales para posibles aspirantes; o el empeño en externalizar la gestión de atractivos turísticos o itinerarios ecológicos, visitas guiadas o mejoras ambientales, sin ampliar las plantillas del parque y sin realizar contrataciones con criterios de mérito, de capacidad, de publicidad y de igualdad de oportunidades para evitar el clientelismo, el tráfico de influencias o los favores políticos.
A lo que se añade la inexistencia de peticiones de fondos europeos para inversiones en Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas Especiales de Protección de Aves (ZEPA) o en proyectos de retranqueamientos generalizados de los aparcamientos, infraestructuras y autocaravanas que deberían desplazarse a los márgenes de las carreteras N-634 y C-6316, entre el cruce Los Llaos y La Revilla, para fomentar los desplazamientos peatonales o ciclistas a las playas y los bordes litorales y evitar las interferencias con los usuarios y residentes en los núcleos de población del interior de este parque.
La gestión del parque adolece, a su vez, de iniciativa que mejore la calidad de las aguas y los suelos con la fitodepuración de las aguas residuales, apropiadas para núcleos pequeños, viviendas aisladas, negocios de hostelería, actividades agroganaderas, queserías..., y sin que se hayan financiado tampoco alternativas forestales de sustitución de plantaciones masivas e indiscriminadas de pinos y eucaliptos por reforestaciones autóctonas, o explotaciones frutícolas que amplíen el monte Corona, los bosques de galería de ríos, arroyos, canales, marismas, rías y estuarios o que sirvan de ingresos complementarios para evitar el abandono de tierras agrícolas.
También se sigue sin dinamizar económicamente la restauración de los testimonios de culturas rurales y marineras en estado de ruina o abandono -el Lazareto de Abaño, las Colonias de la Institución Libre de Enseñanza, la Torre de Ballenas de Oyambre, la batería de Ubiembre, La Casa del Guarda en Corona, los molinos de marea...-, o los lugares de interés en torno a zonas húmedas fósiles en Bederna, Merón o Los Llaos, las colas de marisma en La Rabia, Zapedo, Rubín y Pombo, e incluso los paisajes de cercas o caminos y acantilados con graves problemas de conservación entre La Argolla y Merón. Además del acceso al Pájaro Amarillo, Boria y la costa norte, o en los perímetros meridionales del Monte Saria, Rioturbio, El Tejo, Caviedes, el Barcenal, Hortigal y Serdio.
Por otro lado, seguimos sin saber de los plazos de ejecución de sentencias sobre la escollera del Pájaro Amarillo, el camping del Rosal o Las Tenerías, o la posición del parque sobre la degradación urbanística de La Barquera, Boria-Santillán y Las Calzadas, la suspensión del macropuerto en San Vicente o sobre la caducidad de usos deportivos de las dunas de Oyambre. También desconocemos la postura que existe sobre la depuración de responsabilidades en la indemnización con dinero público a la promotora por la anulación de la macrourbanización de Santa Marina o la variante de Oyambre y la adjudicación de la rehabilitación de la Casa de Pozo como Centro de Interpretación, así como los plazos de alegaciones.
Finalmente, seguimos sin disponer, en abierto desafío a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, de una página web con información precisa y cotidiana sobre la gestión del parque en inversiones, programas y actuaciones, plantillas, coordinación con otras Administraciones Públicas o empresas privadas, posibles recalificaciones urbanísticas y repercusiones de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanismo de Cantabria en el espacio protegido.
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