Demasiada ideología

Pero da igual, es el impuesto de los ricos y eso, en este país tan cainita y envidioso, sirve para justificar su existencia y obviar todos sus inconvenientes. Máxime cuando Pedro Sánchez ha decidido desatar la batalla entre los 'pobres trabajadores' y los 'ricos explotadores' para enderezar el signo de unas encuestas que cada día le son más desfavorables. Nadie ha definido con exactitud quiénes son ricos (yo creo que lo son todos los que ganen o tengan un euro más que yo), pero los hemos convertido en agresores sociales, en ciudadanos apestados. La apabullante ministra de Hacienda ha dicho que el nuevo impuesto solo afectará al 1% de la población. Pero en esto lo relevante no es la cantidad, sino la especificidad. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población española crea empleo, que es nuestra máxima prioridad? Descuente el fantástico ejemplo de los autónomos que se autocontratan y comprobará que es aún más reducido que ese 1%.

El problema de toda política redistribuidora no se encuentra en la capacidad social de absorber el gasto (que es ilimitada), sino en los daños que causa la eliminación del estímulo en la generación de riqueza. El riesgo está en que se generalice la idea de que 'si voy a recibir lo mismo voy a aportar lo menos'. Como sucede en todos los países en los que ha triunfado el comunismo y se ha generalizado el populismo. En el debate actual, además del propio impuesto, está muy presente su distinta aplicación por comunidades. El 'sistema' elegido para configurar el Estado de las autonomías ha cedido, de manera muy desordenada, partes cada vez más importantes tanto en la capacidad normativa como en la gestión de los impuestos. Nadie debería sorprenderse porque, una vez concedida esa capacidad, las comunidades la utilicen. Y tampoco puede asustar a nadie que su uso conduzca a la diversidad.

El argumento es de perogrullo: para hacer y decidir lo mismo, no era necesaria ninguna autonomía fiscal. Siendo así, también resulta curioso que aquellos que se escandalizan ahora por ese ejercicio por parte de algunas autonomías no se alteraran cuando sucedía lo mismo en la educación, en la sanidad o en la seguridad. ¿Se defiende mejor la igualdad entre los españoles con la armonización del Impuesto sobre el Patrimonio que con la utilización del castellano en las escuelas o con el acceso a los servicios sanitarios? No lo creo, aunque comparadas la reacción actual con la inacción anterior deberíamos aceptar que son muchos quienes sí lo creen. Para doblegar a los rebeldes se anuncia un nuevo impuesto que repite todos los errores anteriores y empeora todos los problemas ya conocidos.

Pero estamos en periodo preelectoral y el Gobierno está convencido de que esto de señalar como enemigos a los ricos y a los poderosos, sin olvidar a sus terminales mediáticas, es un arma formidable. Para usarla incluso contra los numerosos correligionarios que pueblan los consejos de compañías energéticas, bancos y grupos mediáticos. Y nos quejábamos del excanciller Schröder...