La democracia en cuestión

Los enemigos de la democracia son dos: el nacionalismo y lo que podríamos llamar neocomunismo, esa mezcla de marxismo e indigenismo que regado por el petróleo tuvo su epicentro en la Venezuela del coronel Chávez. El nacionalismo ha provocado en España una grave crisis moral: la perversión de la socialdemocracia, que inició Rodríguez Zapatero haciendo colisionar al Tribunal Constitucional y al Supremo para introducir al brazo armado de la banda en el Parlamento sin condenar el terrorismo.

Si a esto añadimos la Ley de Memoria Histórica, un artefacto diseñado para reescribir la guerra civil, reabrir sus heridas y marcar para siempre a los conservadores con el hierro absurdo del franquismo, el resultado es que la socialdemocracia ha dejado la libertad y la igualdad para entregarse a una ideología averiada -el nacionalismo- y hacer frente común con todos los partidos nacionalistas y la izquierda neocomunista para deshacer abierta o aviesamente, el orden constitucional

El nacionalismo es un disolvente grave de la convivencia. Consiste en suponer que haber nacido en un determinado lugar de España o hablar determinada lengua que no es el castellano te hace superior al resto de los ciudadanos y con una serie de privilegios que ellos llaman derechos. Sobre el sarcasmo intelectual y moral que supone ser de izquierda y nacionalista ya ha escrito bastante Félix Ovejero.

En el País Vasco ha conseguido una implantación brutal a base de asesinatos (cerca de 900) e intimidación (más de 200.000 exiliados) bien regado con la ideología racista y xenófoba que caracteriza al nacionalismo: ni las declaraciones sobre el RH de Arzalluz o la caracterología de los españoles de Torra son excepciones sino la norma de una ideología situada al fondo de los grandes conflictos europeos del siglo XX. En Cataluña, camuflado mucho tiempo con el supuesto seny de Pujol ha conseguido fracturar la convivencia para muchos años.

La defensa de la democracia ha de consistir en resistir ese miasma con la educación. Desgraciadamente ese papel no lo pueden cumplir las comunidades autónomas nacionalistas que hacen exactamente lo contrario. Ese papel le compete al estado que debe exigir una serie de contenidos en Historia de España, Lengua y Literatura, Filosofía y Ciudadanía que deben ser evaluados en un examen único para toda España. Una especie de MIR. Si incluye además el resto de asignaturas fundamentales de bachillerato conseguiríamos salir de esos puestos deshonrosos donde nos han colocado los evaluadores externos. La situación actual del castellano como lengua vehicular en la enseñanza en las comunidades nacionalistas es catastrófica; no existe tal educación. La tarea del estado ha de ser garantizarla efectivamente.

Los nacionalismos necesitan deslegitimar la democracia. Lo mismo que los neocomunistas. Es el marxismo básico: la democracia es burguesa, no es real. Por tanto, todos sus órganos, poderes, medios de comunicación y de producción pertenecen al apartado ideológico y por tanto falseador de la realidad, llamada siempre la lucha de clases. El Partido llevará al pueblo al paraíso una vez aniquiladas todas las fuerzas productoras de ideología.

Urge una toma de conciencia activa por parte de los ciudadanos para salvar la libertad y la igualdad que no son valores de izquierda ni de derecha sino previos. La democracia -es cosa sabida- se asienta en la división de poderes. La independencia del poder judicial es una pieza clave; es dudoso que el reparto de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial entre los dos grandes partidos contribuya a esa independencia. Menos aun el intento del gobierno de forzar una mayoría simple en el Congreso para nombrar el Consejo. Ha tenido que llegar la advertencia de la Comisión de Venecia para frenar esa embestida. Es grave, igualmente, la manipulación de la Fiscalía General del Estado. Parece evidente que son los jueces quienes tienen que elegir sus órganos de gobierno. Afirmaba Aranguren que la Constitución española fue otorgada pero que el pueblo español la hizo suya el 24 de febrero de 1981 con unas manifestaciones inmensas a su favor. Parece llegado el tiempo de señalar que las amenazas contra la Constitución -garantía de la libertad y la igualdad de todos- son de una gravedad inusitada hasta ahora y que le toca al pueblo español la tarea de defenderla con toda la energía de que sea capaz.