Denuncias contra el gobierno, del parlamento a los tribunales

Ciudadanos siempre ha tenido olfato, contactos e información reservada para destapar los chanchullos y operaciones oscuras del Gobierno, especialmente en la Consejería de Economía. Desde la auditoría financiera que en la pasada legislatura demostraba la inviabilidad del Proyecto Comillas, pese al chorro de millones invertido por el Gobierno regional, a la controvertida selección del gerente de la Oficina de Proyectos Europeos, David Rebollo, o la demanda de la directora de Fondos Europeos, Paz Díaz, contra el propio Ejecutivo para hacer fijo su puesto temporal.

Pero todavía más chirriante resulta el caso de la ex consejera de Economía, María Sánchez, y de su secretaria general, María González, que aprovecharon sus últimas semanas en sus cargos para asegurarse a continuación unos puestos de trabajo a la medida, como altos cargos en el área de Intervención, mediante un concurso de méritos para el que sólo ellas acreditaban los requisitos requeridos. Los nuevos puestos que crearon les encajaban 'como el zapato de la Cenicienta', como describen ingeniosamente en la oposición el resultado de la maniobra, urdida cuando la consejera Sánchez ya estaba señalada por airear errores de gestión de algunos de sus compañeros en el Consejo de Gobierno y que más tarde se vio obligada a dimitir tras su fallido anuncio de una bajada del IRPF.

A la ofensiva parlamentaria de Ciudadanos, con apoyo de PP y Vox, se opone la mayoría holgada que suman los grupos gubernamentales, PRC y PSOE. Con determinación para evitar revolcones, pero sin fervor. Los socialistas se ven obligados a defender a la exconsejera, bastante discutida en el partido, que había desacreditado la gestión del titular de Sanidad, el dimitido Miguel Rodríguez, y de rebote al propio jefe del PSOE en el partido y en el Gobierno, el vicepresidente Pablo Zuloaga. Y el PRC tiene que dar la cara sin ganas por quien había criticado con dureza la acción gubernamental de Javier López Marcano.

Los grupos del Gobierno intentan eludir el debate en la medida de lo posible y retan a los denunciantes a acudir a la justicia. Pues el líder de Ciudadanos, Félix Álvarez, antes de que lo que quedaba del partido saltase por los aires por la 'traición' de la cúpula nacional en el problema del lobo, ya preparaba la documentación para llevar el caso a la Fiscalía.

También el PP contempla la idea de mantener la investigación en el Parlamento y quizá elevar el caso a la justicia. Recuerdan los populares que en el Gobierno, especialmente en el PSOE, fueron muy arrogantes en la anterior legislatura cuando invitaron a ir a los tribunales con el caso de los altos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) elegidos por la entonces consejera María Luisa Real y que luego resultaron condenados.

Puede que este asunto de la Consejería de Economía finalmente no sea ilegal pero, cuando menos, resulta indecoroso. Entre los funcionarios del Gobierno no faltan las quejas, pero de los sindicatos no constan reacciones críticas. El caso evoca el ascenso automático que el Gobierno Sánchez prepara para Dolores Delgado cuando deje de prestarle servicio como fiscal general del Estado.

Vox, por su parte, persigue la depuración las supuestas contrataciones irregulares de servicios y de personal, ya denunciadas antes por el sindicato CC OO. Es lo que el portavoz del partido, Cristóbal Palacio, denomina corrupción de baja intensidad en tiempos de fin de ciclo de la coalición PRC/PSOE en el poder. El consejero responsable de la empresa pública, Javier López Marcano, ha negado las irregularidades e invitado a Vox a llevar el caso a los juzgados si cree lo contrario.

Vox se propone exprimir en el Parlamento el debate sobre la gestión de Cantur y no es muy partidario de llevar el asunto a los tribunales porque, a su juicio, la acción política quedaría suspendida durante el largo proceso legal. De momento PP y Ciudadanos no acompañan a Vox en sus iniciativas. Los populares recuerdan seguramente la experiencia de la legislatura 2011-2015 cuando, desde el poder, con Ignacio Diego al mando, armaron una potente ofensiva contra Marcano, en torno a Cantur, el Racing, y otros asuntos, y la operación no salió bien para ninguna de las dos partes. El delfín regionalista vivió un calvario judicial del que salió absuelto, pero que le mantuvo apartado de la política seis años, el PP se pegó un gran batacazo en las urnas y Revilla volvió al Gobierno. Hoy los tiempos políticos son otros y hay que cuidar las relaciones en la medida de lo posible, por si el año que viene por estas fechas ambos partidos, PRC y PP, tienen que negociar un pacto.