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Han pasado más de 15 años desde que se aprobó en España la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a ... las personas en situación de Dependencia, convirtiéndose desde el inicio en uno de los pilares del Estado de Bienestar.
Cada comunidad autónoma la ha desarrollado de forma muy diferente, según las sensibilidades de sus gobernantes, y esto ha influido en la desigualdad del catálogo de prestaciones a las que tiene derecho una persona en situación de dependencia.
Sin ser catastrofista, afirmo que ha fracasado porque en Cantabria se ha iniciado este año la prestación económica de asistencia personal, de gran trascendencia a la hora de facilitar a la persona en situación de dependencia su integración en la sociedad (15 años después), pero no se ha desarrollado.
La prestación más frecuente, más del 51% del total, es la denominada prestación económica para cuidadores en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, que la Ley define 'Excepcional' su reconocimiento y creada para apoyar a la familia en tanto se desarrollaban centros para una atención de calidad y profesional. En nuestra Comunidad después de 15 años es la mayoritaria, frente a la media de España que ronda el 30%.
Esto nos lleva a pensar que no se han desarrollado los dispositivos necesarios para atender a las personas dependientes según sus necesidades, cambiantes éstas en muchos casos. Nuestro sistema carece de flexibilidad en la atención, no pudiendo facilitar el tránsito entre dispositivos con mayor o menor componente sanitario o social.
Nuestras autoridades nos dicen que priorizan 'la atención de calidad basada en la persona', nada más lejos de la realidad.
El 4 de agosto de 2022 el BOC publicaba una Orden que autorizaba la contratación de personal sin cualificación para atender a las personas que están en los centros de atención a la dependencia (CAD) ¿Quién se hace responsable de si esa persona sin cualificación sabe movilizar a una persona dependiente, dar alimentos a una persona con problemas de deglución o si tienen conocimiento mínimo de cómo atender a una persona que se agite por su patología, o simplemente prestar unos cuidados básicos?
Si la calidad en la atención se sostiene sobre la base de personal no cualificado, es que se ha fracasado en la gestión de esta.
Cuando una persona en situación de dependencia en Cantabria precisa una atención en un CAD de 24 horas no puede solicitar dicho centro entre los más cercanos a su domicilio para poder ser visitada por sus seres queridos.
Las personas pasan a una lista única y según queden plazas libres se otorgan, pudiendo ser un centro alejado o mal comunicado de tu entorno y familia.
¿Creen que eso es una atención basada en la persona?
Se está favoreciendo el desarraigo familiar y la deshumanización en la atención y, evidentemente, no está centrada en la persona sino en el sistema.
El SAAD ha fracasado en Cantabria, no existe una gestión de los casos; es decir, cada persona no es valorada no solo por su grado de dependencia, sino también por las características de cuidados que necesita y qué tipo de centro es el más adecuado. Esa gestión debe hacerse por un equipo formado por profesionales de la salud y social. En Cantabria no existe este modelo: la Ley de Dependencia es un mero procedimiento administrativo, se solicita la valoración, te conceden grado y recurso y si este es un CAD de 24 horas, pasas a una lista hasta que te 'toque', sin valorar necesidades reales de atención sanitaria y social.
Además, la atención sanitaria en los CAD de 24 horas no se está realizando con criterios de equidad ni igualdad con el resto de los cántabros.
Evidentemente, la atención sanitaria debe realizarse por la sanidad pública, pero la mala gestión en la atención primaria, como primer eslabón de la atención, con recursos humanos insuficientes, gestión vertical y anquilosada, sin capacidad de decisión en los Centros de Salud, escaso desarrollo tecnológico, burocratización de la atención... impiden una atención adecuada en los centros. No se atienden las necesidades diarias de consultas, la urgencias se derivan en muchos casos directamente al hospital sin valoración por sanitario alguno.
Esto solo contribuye al fracaso de un sistema que debe de hacer correcciones para desarrollar el SAAD en un entorno de calidad y centrado en la persona. Es preciso que se ubique en el ámbito de la sanidad, no de los servicios sociales, como un organismo público autónomo cuyos fines generales sean la provisión de servicios de atención a la dependencia y la gestión de los centros y servicios de la Comunidad de Cantabria necesarios para una atención de excelencia en el ámbito de la dependencia, debiendo gestionarse por profesionales competentes, conocedores del sector y no por políticos afines al partido gobernante que no aportan ni generan conocimiento.
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Ana del Castillo
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