¿Derecho a okupar?

Porque un fenómeno que hunde sus raíces en idearios anarcoides y antisistema centroeuropeos y protagonizado por jóvenes punkis de temporada y homeless, se ha acabado ampliando a segmentos sociales que van de familias vulnerables a estafadores y oportunistas que quieren vivir del cuento. Una encuesta realizada en Barcelona que es, con mucho, el paraíso de la ocupación apuntaba que el 60% de los ciudadanos reprochaban a la alcaldesa, Ada Colau, excesiva permisividad con los movimientos de ocupación de viviendas. El Centre de Estudies Sociológics constataba que los grupos de okupas se habían adueñado de equipamientos municipales a sabiendas de que la alcaldesa no movería un dedo. La degradación de las zonas ocupadas, la inseguridad y la depreciación de las viviendas le preocupa menos que su imagen. No hay que olvidar que ella llegó a la alcaldía aupada por su papel de activista centrada en reivindicar el derecho a la vivienda y evitar los deshaucios. El hecho es que los 'ayuntamientos del cambio' no solo no buscaron soluciones al problema sino que alentaron y permitieron el fenómeno. En su galaxia ideológica las ocupaciónes se consideraba «iniciativa sociales». Ese contexto político-populista ha llevado a que los sectores más radicales nieguen el derecho a utilizar la compra de un piso como modo de obtener pusvalías. Incluso a discutir el derecho a la vivienda en propiedad. Neo-socialialismo oportunista e irreal.