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El hacendado Iglesias, plenamente integrado en la casta desde la compra del casoplón de los cien millones de las antiguas pesetas, es decir, al alcance de cualquier obrero, no censura la gran corrupción de los ERE, no sea que le vuele la vicepresidencia y los ... cuatro ministerios. La entrada en el Gobierno disimula el fracaso electoral. Centrados en la debacle de Ciudadanos, olvidamos que Podemos tenía 71 diputados en 2016 y sólo le quedan 35. La mayor estafa de la historia de España apenas tiene eco, el escándalo de los socialistas andaluces, que se gastaron en fiestas y en prostíbulos el dinero de los jornaleros en paro, pasa de puntillas. Calla el pudiente Iglesias ante la podredumbre de la izquierda y los 680 millones de euros perdidos, cuando con tanta razón fustigó las canalladas de la derecha. Hoy le mendiga poder al insomne Sánchez para el reparto de cargos, coche oficial y dineros entre los afines. Ya son el sistema.
Pero quizá lo más incongruente en una formación de raíz comunista sea el apoyo a los separatistas catalanes y vascos –insolidarios y de la alta sociedad– en la exigencia de un referéndum de autodeterminación y del inexistente derecho a decidir, en base a unos supuestos derechos históricos coincidentes con la época en la que los señores feudales tenían también otros privilegios. El de pernada –'ius primae noctis'–, por ejemplo, la potestad de los nobles de desvirgar a las novias de sus siervos, pasando con ellas la noche de bodas. Después, ya se hacia cargo el marido. De esos tiempos vienen. El sinónimo de nacionalismo es egoísmo y regalía: lo mío es mío y solo negociamos lo tuyo. Los catalanes quieren hablar de soberanía para investir a Sánchez y no de competencias. El proyecto del nuevo estatuto del País Vasco distingue entre «ciudadanos vascos y nacionales» y exige una relación «de igual a igual con España».
Produce sonrojo que en el siglo XXI se exijan y se obtengan prebendas medievales. Y aquí es donde entra en juego Cantabria, siquiera sea por enredar, y esto lo haría bien el presidente Revilla. Porque, si de ello se trata, no está escrito que los derechos históricos deban tener acotadas fechas concretas. Los independentistas catalanes, más radicales ahora, se remontan al siglo XIV en el que, según su versión, nace la Diputación del General o Generalidad. Pero no hay porqué quedarse ahí. Podemos retrotraernos mucho más, cientos o miles de años. Unos mil trescientos, digamos, cuando se frenó en estas montañas el avance musulmán y comenzó la Reconquista. O dos mil, tal vez, hasta las Guerras Cántabras en las que se plantó cara al invasor romano. O quizá unos treinta y cinco mil, porque los habitantes de Altamira tenían sentido de tribu y pertenencia. Reclamemos, pues, los derechos prehistóricos.
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