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Después de un largo periodo de interinidad, nuestro país cuenta, por fin, con un gobierno que, al menos en principio, tiene la pretensión de durar ... toda la legislatura. Dadas las circunstancias, tengo serias dudas acerca de que esto pueda ser así, y las tengo aún mayores acerca de su capacidad de maniobra. Depender, entre otras cosas, de un partido al que le importa un mico la gobernabilidad de España, y contar con una oposición tan ultramontana como la que se ha visto en las sesiones de investidura del nuevo presidente, no augura nada bueno acerca del futuro político del país ni, por lo tanto, acerca del futuro económico.
Por si esto fuera poco, hay numerosos desafíos económicos que el nuevo gobierno tendría que encarar. Dos de ellos se me antojan absolutamente prioritarios; por un lado, aumentar la productividad de nuestra economía y, por otro, mejorar la distribución de la renta. Lo primero es fundamental si queremos ser competitivos sin perjudicar a los trabajadores, mientras que lo segundo lo es si queremos contar con una sociedad más igualitaria y, por ende, menos crispada.
Dado el carácter social que la coalición gobernante pretende imprimir a la 'acción de gobierno', tengo la impresión que el acento se va a poner más en la segunda prioridad que en la primera. Pues bien, aunque por ideología estoy completamente a favor de que esto sea así, con argumentos económicos desgranados en numerosas ocasiones en estas páginas, no me parece oportuno que se deje a la productividad en segundo lugar. O, dicho con otras palabras, creo que, además de repartir mejor la tarta, hay que hacer que ésta sea más grande. Y, en contra de lo que algunos opinan, creo que ambas cosas deben hacerse simultáneamente, ya que una refuerza a la otra.
Aunque lo he dicho muchas veces, no me importa repetirlo tan a menudo como puedo. La mejor medida para crecer más y mejor y para distribuir correctamente los frutos de ese crecimiento es invertir en educación-formación y en I+D+i.
Aparte de este, el gobierno va a tener que lidiar con otros retos extremadamente difíciles, entre los que destacan el de la fiscalidad y las pensiones. En relación con el primero, si tenemos en cuenta los compromisos de gasto asumidos por el gobierno y el corsé fiscal impuesto por Bruselas (y por el sentido común), no queda más remedio que aumentar los ingresos, lo que sólo se puede conseguir por dos vías: aumentando los impuestos y luchando contra el fraude fiscal. Lo primero parece que se producirá tanto en relación con el IRPF (para las rentas superiores a 130.000 euros anuales) como con el impuesto de sociedades. Estando básicamente de acuerdo con ambas medidas, me parece que conjugar el aumento del impuesto de sociedades con una rebaja de las cotizaciones empresariales podría ser positivo, pues, probablemente, ello contribuiría a la creación de más empleo. En cuanto a la lucha contra el fraude, está demostrado que todo euro invertido en la misma tiene un retorno muy superior (se calcula que llega a 16 euros), por lo que habría que insistir en ella cada vez más.
El tema de las pensiones es otro hueso difícil de roer ya que, desde hace varios años, el gasto anual supera a los ingresos. Naturalmente, así no se puede seguir por lo que, si queremos contar con pensiones dignas (y creo que todos lo queremos, pues, antes o después, todos seremos pensionistas) no queda más remedio que acrecentar los ingresos. Y, se diga lo que se diga, esto sólo se puede hacer a través de una mayor carga fiscal (en forma de más impuestos, cotizaciones de los trabajadores, etc.) que debería estar equitativamente repartida.
Naturalmente, el nuevo gobierno tiene otros muchos desafíos por delante, algunos de los cuales, como la derogación de la reforma laboral (que ha fracasado en sus objetivos declarados), tienen o pueden tener, además de algunas repercusiones políticas, un gran calado económico, si es que, de verdad, logran aumentar la empleabilidad de los trabajadores, reducir la dualidad del mercado y hacer que este sea más flexible sin dañar los derechos de los trabajadores.
En definitiva, los desafíos a enfrentar son muy importantes y difíciles y sólo con un amplio consenso político (entre partidos) y social (entre gobierno, sindicatos y patronal) será posible hacerlo. ¿Seremos lo suficientemente sensatos para lograr estos consensos? No lo sé, pero sí sé que nos jugamos mucho en este envite.
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Ana del Castillo
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