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En pleno debate global que la guerra de Ucrania suscita sobre las fuentes y los costes de la energía a corto, medio y largo plazo, ... y sobre el ritmo de la transición hacia los recursos renovables, el desarrollo eólico en Cantabria se mueve en el terreno de la incertidumbre. Si el primer plan fue demolido por los tribunales hace una década este segundo intento se tambalea entre la repulsa y las protestas de una parte importante de la población rural, del sector turístico y de los ecologistas, que a su vez provoca la tibieza, y a veces también el rechazo, de la clase política ante la cercanía de las elecciones, además de las dudas de las empresas del sector por los avatares bélicos y hostilidad social hacia los proyectos. Algo así como una 'tormenta perfecta' contra la energía del viento.
Esta vez no se trata del 'superplán' eólico diseñado en la legislatura 2007-2011 por el PSOE, asociado entonces como ahora con el PRC en el Gobierno autónomo: un gran bosque de parques y aerogeneradores, 1.500 megavatios de potencia, 2.000 millones de inversión para proyectos industriales colaterales que supondrían miles de puestos de trabajo, merced a las grandes primas que entonces se pagaban, y en definitiva, un horizonte de grandes 'pelotazos' que los tribunales arruinaron abruptamente.
El modelo actual, impulsado por el regionalismo, es más modesto con un objetivo a largo plazo de unos 500 megavatios. Hace un año, en el Gobierno regional calculaba que al final de la legislatura podría haber instalados 200/250 megavatios, ahora se darían con un canto en los dientes con que saliese adelante a tiempo el proyecto de la Sierra del Escudo, 25 aerogeneradores y 105 megavatios, que impulsan Iberdrola, Banco Santander y Ocyener. Por el momento, la única energía eólica en Cantabria son los 32 megavatios que producen los 38 'molinos de viento' del parque de Cañoneras, en Soba.
En cuanto se iniciaron las tramitaciones de los proyectos eólicos se desataron las protestas y las nutridas movilizaciones de rechazo con participación de vecinos de las zonas afectadas, ganaderos, hosteleros, grupos ecologistas, etc. En la clase política se constatan posiciones diferenciadas y hasta contradictorias. Los cinco partidos con representación parlamentaria se declaran, con visiones diferentes, partidarios del desarrollo eólico. Sin embargo, alcaldes de los tres partidos principales, PRC, PSOE y PP, se han posicionado junto a sus vecinos contra los 'molinos de viento' y han celebrado los proyectos vetados por las administraciones o descartados por las compañías promotoras.
La cercanía de las elecciones opera en la postura de los regidores, que toman toda la distancia que pueden: o sea, si van a construir parques eólicos, que sea el Gobierno el que asuma la responsabilidad de autorizarlos. Y en Santander también toman nota del ruido que genera este espinoso asunto. Sin ir más lejos, el presidente del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla, pasó en pocos meses del respaldo decidido al rechazo contundente de la energía eólica en los valles pasiegos.
En el clamor ciudadano contra el desarrollo eólico ha influido probablemente que se haya extendido la idea confusa y desordenada de un mapa abarrotado de parques y aerogeneradores solapados unos con otros en las comarcas proclives, cuando la realidad era mucho más selectiva y el impacto mucho más reducido pues la mayor parte de esos proyectos iban a ser desechados y sólo unos pocos saldrían adelante. En unos días, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, detallará en el Parlamento las zonas de exclusión de los proyectos eólicos contempladas en el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), que abarcan más del 90% del territorio. El PP, a través de su portavoz en la materia, el diputado Roberto Media, preguntará al consejero regionalista si el proyecto de la Sierra del Escudo se sitúa en un espacio autorizado. Se supone que
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