Los restos de un pasado sucio

La ley de memoria histórica de 2022 ha devenido en un segundo intento de adecuar la representación del pasado a esos principios democráticos. En un país escaso de consensos democráticos claros, no sería necesario sobreactuar en este sentido. Viene esta afirmación al hilo del debate que es preciso igualmente abordar en relación con el mantenimiento de monumentos conmemorativos de clara raíz fascista. El Cementerio de los Italianos en el puerto del Escudo es uno de ellos, pero la reflexión puede hacerse extensiva a otros. La pirámide en la que estaban enterrados combatientes italianos enviados por el régimen de Mussolini para apoyar a las tropas de Franco en la guerra civil es un recuerdo cuya presencia en las rampas del puerto que separa Cantabria de Castilla-León sobrepasa el indudable contenido ideológico que incorpora.

Pero la resignificación de los monumentos conmemorativos es un concepto que se debería emplear con mucha más frecuencia de lo que hasta ahora se ha experimentado. Unos simples paneles explicativos de cómo y por qué había tropas italianas en la guerra civil española, con una clara y taxativa condena del régimen mussoliniano, vendría a poner en su sitio al fascismo, impediría cualquier aprovechamiento desde este campo ideológico (posibilidad de albergar concentraciones de ese cariz, apropiación por parte de sus discípulos del espacio,…) y serviría para recordar un episodio de la guerra civil en nuestra región de indudable interés.

La misma denominación de 'bando nacional', tan extendida para referirse a los sublevados, queda en entredicho ante evidencias como la que delata el referido monumento: los franquistas contaron con el refuerzo de las armas y las tropas enviadas por Mussolini y Hitler.

Eliminar un lugar que recuerda este apoyo no parece la mejor manera de contribuir al conocimiento de nuestro pasado. No es haciendo tabla rasa del pasado como se aprende y como se mejora la sociedad. Al contrario, la historia está para explicarla en su totalidad, no desde una neutralidad imposible, pero sí desde un punto de vista imparcial que sitúe la democracia y los derechos humanos como principios vectores de cualquier interpretación. No es necesario borrar las huellas para ejemplificar y difundir esos valores. Al contrario, recordar con espíritu crítico lo que fue la Guerra Civil y la dictadura es condición necesaria para construir una memoria viva, activa, difusora de valores capaces de sustentar una sociedad mejor. Porque la lucha por la memoria no es más que una manera de preparar el futuro.

En definitiva, las políticas de memoria son esenciales para la difusión de valores democráticos y respeto de los derechos humanos, que son los que deberían imperar por encima de coyunturas e intereses partidistas. Desde todos los frentes del espectro político se hacen políticas de memoria; el franquismo las hizo, y de ello quedan numerosas huellas en todo el territorio español. Una política de memoria correcta no implica la destrucción de todo lo realizado desde y por la voluntad de los franquistas.

La pulsión eliminatoria de todo vestigio, seguramente bien intencionada, puede tener la consecuencia indeseada de borrar ese pasado que precisamente se quiere recordar para extraer las necesarias enseñanzas, además de facilitar la labor de los negacionistas. Esos mismos que mantienen en algunas ciudades, con mención expresa a la capital de Cantabria, denominaciones en el callejero inaceptables en una democracia, como General Dávila o Camilo Alonso Vega, o símbolos franquistas que en modo alguno pueden catalogarse como bienes de interés cultural.

Vox no puede erigirse en guardián de un supuesto patrimonio cultural. Sabemos que lo hace por motivos espurios, pero la mejor manera de contrarrestar sus intenciones es una política de protección y resignificación acorde con los criterios de verdad, justicia y reparación.

Firman esta tribuna: Javier Merino Pacheco, Valentín Andrés Gómez e Ignacio Alonso del Val, miembros de la Asociación para la recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria