Despilfarrar no es el camino

Ordenar el territorio, proteger el medio ambiente, evitar abusos… son cuestiones no solamente lógicas, sino necesarias para preservar el bien común. Pero como sucede en otros ámbitos, ese deseo de mantener intactas determinadas normas conduce a situaciones absurdas y a un derroche de bienes incompatible con una sociedad que siempre está escasa de recursos.

En Cantabria, una región especialmente afectada por sentencias de derribo de inmuebles, hemos asistido a ejemplos que obligan a reflexionar sobre la racionalidad de determinadas normas y que, en cualquier caso, suponen una pérdida de equipamientos poco compatible con un entorno necesitado de viviendas para quienes carecen de ellas o de equipamientos de uso público.

Esta semana hemos asistido, a través de la información de este periódico, a la demolición del hotel Miramar en Castro Urdiales. Ese hotel se construyó hace muchos años al borde de la playa, en unas condiciones legales garantizadas en su momento. Con el paso del tiempo la legislación se modificó y tras varios años cerrado, ha sido finalmente pasto de la piqueta. ¿Suponía ese inmueble un grave daño al conjunto de castreños, españoles y visitantes? ¿No era posible buscar una solución que salvara para la comunidad un edificio válido para muchos usos? ¿Cómo explicamos a quienes demandan una vivienda de propiedad pública que en lugar de aprovechar ese inmueble se gaste dinero en derribarlo?

El ejemplo del hotel Miramar no ha sido un caso aislado. En Cantabria hemos visto cómo otras construcciones o bien han sido pasto de la piqueta o se mantienen fuera de uso, en un caso de lucro cesante que afecta al conjunto de los cántabros.

Otro caso de gasto estéril ha sido el derribo de las viviendas de la urbanización El Cuco en Piélagos. Las viviendas se construyeron en bancal, a media ladera de una colina, con un evidente impacto visual. Impacto percibido en su máximo nivel durante la obra. A pesar de que las casas estaban ya en un avanzado proceso de construcción, una sentencia ordenó el derribo de las mismas y así, hemos asistido a la demolición de unos inmuebles que, con una pequeña inversión, podrían haber sido un parque de casas de renta limitada o para casos de emergencia. Por el contrario, se aplicó la ley y se derrocharon unos millones de euros.

Es evidente que una ilegalidad no puede ni debe quedar impune, pero en este caso las viviendas se tiraron, el constructor no padeció las consecuencias de su ilegalidad, ni tampoco lo hicieron los técnicos y políticos que aprobaron la construcción. Quienes al final están pagando la factura son los vecinos de Piélagos ya que el Ayuntamiento debe pagar indemnizaciones. Se ha invertido un buen dinero en restaurar la ladera del Cuco, que ahora luce verde y limpia. La cuestión es si no se ha gastado una fortuna en hacer y derruir de manera estéril. Es lógico que si se construye fuera de la ley se castigue a los infractores, pero no resulta tan coherente desaprovechar unos inmuebles que podrían mitigar el problema de la escasez de viviendas sociales.

En Cantabria existen unos centenares de viviendas con sentencia de derribo. En muchos casos la decisión judicial se viene arrastrando desde hace más de veinte años. Los responsables políticos y técnicos ya quedaron exonerados de su responsabilidad, en algunos casos con leves condenas. Ahora la sociedad de Cantabria se enfrenta a dilapidar más dinero en la demolición y en tener que indemnizar a los propietarios. Un ejemplo de cómo la justicia puede producir un resultado negativo, que no beneficia a nadie.

Otros casos de falta criterio son los de inmuebles de propiedad pública que se encuentran fuera de uso. Casos claros de despilfarro de posibles rentas bien económicas o sociales. Cuando un bien no se utiliza se pierde su rentabilidad y, si eso sucede con una propiedad particular, es el dueño quien libremente se ve perjudicado… pero cuando se trata de algo público es el conjunto de los ciudadanos quien pierde. En Cantabria existen unos cuantos casos de esta disfunción.

La ley está pensada para reparar injusticias, para que los actos ilícitos tengan una contraprestación proporcional. En ocasiones, la rigidez de la letra de los textos legales produce efectos contrarios al fin que se pretende. Por esta razón, se debe modificar la legislación y, de esa manera, evitar que los diques pensados para evitar desmanes e injusticias produzcan el efecto contrario.

Las viviendas son escasas y costosas y esa debe ser razón suficiente para que se conserven y se utilicen para el bien común. A la vista de lo que sucede, y de lo que se anuncia para el futuro, se debería repensar con calma la deriva que conduce a malgastar bienes, a tirar al vertedero bienes que son necesarios.