Despojar para vender

Ahondando sobre el tema, he descubierto que las privatizaciones no tienen límite: quien fuera presidente de la Nestlé, Peter Brabek, declaró hace diez años que algo tan necesario como el agua no era un derecho público y que debería privatizarse. Ante el revuelo que levantaron sus palabras -y por las posibles consecuencias que podían acarrearle a la multinacional que dirigía- se vio obligado a matizar: sólo pretendía que «los productos alimenticios» tuviesen un valor y no se despilfarrasen.

Icíar Bollaín reflejó en esa misma época -2010- un problema similar en su película 'También la lluvia'. Mostraba la situación que se había producido en Bolivia en 1999, cuando la multinacional Betchel (con la participación en el ajo de empresas españolas) pidió un impuesto por el agua de la lluvia que recogían los hogares bolivianos. Calculaban tal canon con arreglo a la superficie de los tejados.

Pinochet, en la Constitución de 1980, decretó en Chile la propiedad privada del agua. De entonces data la privatización de todas las fuentes, algo que Sebastián Piñera, desde la democracia, traslada ahora hasta los ríos, con la comodidad que le permite su particular economía personal 'milmillonaria'. En nuestro país, Esperanza Aguirre pretendió privatizar el 48% del canal Isabel II en 2008. No pudo hacerlo por la oposición frontal de los madrileños.

A su manera, eran visionarios. Por eso no debería extrañarnos que el agua haya comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, porque toda privatización pretende, en última instancia, vender lo despojado. Perdón, lo privatizado, quise decir.