Deuda pública, sí; deuda pública, no

Uno de los temas que, hace más o menos una década, era objeto de controversia en materia económica era si la deuda pública debía utilizarse como mecanismo para salir de una recesión o, siquiera, para hacer que la misma fuera menos severa. Simplificando las cosas, había entonces dos bandos o escuelas: uno, el de los keynesianos (entre los que siempre me he incluido), era ferviente partidario de hacerlo; el otro, el de los liberales, consideraba que la deuda pública era poco menos que anatema. El triunfo político de estos últimos trajo consigo las políticas de austeridad desarrolladas durante la Gran Recesión, hasta que, poco a poco, y viendo los efectos de esta, las tornas fueron cambiando. De hecho, numerosas instituciones, como la Comisión Europea y el propio Fondo Monetario Internacional, modificaron sus ideas sobre el particular hasta el punto de que, en la actualidad, son algunos de los principales abogados de las políticas fiscales expansivas. Como sucedió ya hace algunos años, resulta que «ahora todos somos keynesianos».

¿O no? Pues resulta que no, no todos. Todavía hay quien se aferra a las ideas liberales sobre el particular y tiene, claro está, todo el derecho a hacerlo. No obstante, conviene que lo haga con argumentos. Lo que no me parece de recibo es descalificar a los que defienden el papel de una política fiscal activa (entre los que, como keynesiano, me incluyo) con «argumentos» tales como los de ser atrevidos, ignorantes o mentirosos. Puestos a conceder, incluso los dos primeros adjetivos podrían ser admisibles pues su aplicación depende mucho «del color del cristal con que se mira». En donde creo que no cabe concesión alguna es en el de mentirosos, pues, según la RAE, mentiroso es el que miente, y mentir es «decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad con el fin de engañar a alguien». Yo, al menos, no lo hago.

Tal y como apuntaba más arriba, se puede estar a favor o en contra de la deuda pública y hay argumentos para defender tanto una posición como la otra. Si estoy a favor de la deuda es, en esencia, porque considero que, sobre todo en determinadas épocas (cuando la demanda es menor que la oferta y/o cuando la economía está en recesión) puede contribuir a lo que Keynes llamaba «el cebado de bomba», haciendo que aumente la demanda agregada y, por lo tanto, la actividad y el empleo. En la situación actual, en la que el covid-19 ha sumido al mundo en una profunda depresión y en la que una fiscalidad más exigente parece que no es lo más adecuado, el aumento de la deuda pública está contribuyendo a que la depresión sea menos intensa de lo que sería en otro caso. En España, entre otras cosas, sirve para que numerosas empresas y ciudadanos puedan seguir en la brecha; de lo contrario, el desempleo, la desigualdad y la pobreza serían mucho mayores.

Mi defensa del aumento de la deuda pública en estos momentos no impide, sin embargo, que matice la misma en dos aspectos. El primero de ellos es que tal aumento ha de servir para mantener a empresas que, en circunstancias normales, serían competitivas, para mejorar las prestaciones sociales y para, fomentando la inversión en conocimiento e I+D, elevar la productividad El segundo es que la deuda pública no puede crecer indefinidamente, por lo que habría que ir pensando en un plan de reducción paulatina de la misma (consolidación fiscal), una vez que la situación haya cambiado de forma clara. En tanto en cuanto no sea así, sigo abogando por la deuda pública. Y el que discrepe, insisto, que lo haga con argumentos y sin faltar a nadie.