Secciones
Servicios
Destacamos
Ante la crisis del coronavirus, los economistas trasladamos a las autoridades administrativas y a la sociedad en general, una serie de propuestas de urgencia de carácter económico -todas ellas desde un punto de vista técnico- que han sido elaboradas por el Servicio de ... Estudios del Consejo General de Economistas de España, que representa a 55.000 colegiados entre los 47 colegios repartidos por todo el territorio nacional. Es indudable el efecto negativo que está causando el coronavirus en la economía mundial y dependerá de la evolución de esta enfermedad epidémica el alcance que finalmente pueda tener. La repercusión será diferente para cada sector económico. Los problemas llegan al transporte de pasajeros en general y a las aerolíneas en particular; al turismo y la banca; pero también se verán afectadas multitud de empresas organizadoras de eventos, de restauración, así como fabriles o comerciales con problemas de aprovisionamiento.
Lo que tenemos claro es que, salvo sectores muy determinados, la generalidad de empresas, grandes, pequeñas y medianas, se van a ver negativamente afectadas de una u otra manera. De hecho y como siempre ocurre, esta realidad ya está siendo reflejada con crudeza por los mercados bursátiles. Naturalmente, en una situación como esta, los agentes económicos dirigen su mirada al sector público en busca de ayuda y, como respuesta, los bancos centrales ya están preparando medidas.
No obstante, sería deseable que los agentes económicos se comportaran con calma y responsabilidad, huyendo de sobreactuaciones. España es un país avanzado, con una sanidad moderna, una economía solvente y una red de distribución comercial suficientemente preparada. En estos momentos, resulta fundamental que las empresas y las familias mantengan su ciclo financiero con la máxima normalidad. Consideramos que, en general, las medidas tomadas por el Gobierno van en la línea adecuada, pero los economistas planteamos algunas otras medidas de urgencia que habrían de evaluarse y ampliarse en función de la duración y profundidad de esta crisis:
En materia de fiscalidad, una de las principales herramientas de que disponen los gobiernos para atender este tipo de situaciones, es la política tributaria. Para este caso seguramente no es la principal, pero puede ayudar a solventar uno de los primeros problemas que se le presentan a empresas y profesionales: la liquidez.
En el ámbito de las finanzas, conviene tener en cuenta que, en estos momentos, no existe escasez de financiación y los bancos centrales están inyectando liquidez, mientras que los tipos de financiación que ofrece el sector bancario, a las familias y los mercados financieros, prácticamente no han cambiado. Por ello, proponemos que a aquellas empresas -especialmente pymes- y autónomos de sectores especialmente vulnerables que se vean afectados por la epidemia, se les puedan otorgar préstamos con tipos de interés ventajosos para reactivar la actividad. No hay que olvidar que, en España, disponemos de un sector financiero muy competitivo, con una buena y eficiente red de oficinas bancarias, así como de instrumentos públicos que pueden coadyuvar en este sentido. En cuanto a las empresas, es recomendable que recurran al plan de contingencia y previsión de riesgos. En caso de no disponer, sería necesario elaborar uno de urgencia convocando un comité de crisis en la empresa. Estimamos fundamental que todas las empresas (no solo las grandes y medianas, sino también las pymes) dispongan de un plan de contingencia, detectando riesgos y articulando medidas previstas para responder y limitar las consecuencias.
En el terreno laboral, convendría poner en marcha un sistema urgente de ayudas para impulsar el teletrabajo en las empresas y autónomos (subvenciones para compra de equipos, programas...). Con el objetivo de evitar multas a las empresas, sería conveniente relajar las medidas del registro de la jornada laboral, por la dificultad que supone controlar el tiempo de trabajo en esta nueva situación. Valoramos positivamente la iniciativa del Gobierno de aliviar la carga a las empresas con una moratoria para el pago de cotizaciones sociales de empresas y trabajadores autónomos. Además de considerar como situación asimilada a accidente de trabajo a los períodos de aislamiento de las personas trabajadoras, debería valorarse la posibilidad de que la empresa no tenga que abonar cotizaciones por esos trabajadores durante la citada baja laboral.
En materia de economía y justicia, resultaría también recomendable mayor flexibilidad administrativa en los posibles próximos casos de segunda oportunidad, a fin de evitar mayores daños en las economías, especialmente en las personas físicas (más desfavorecidas), las micropymes y las pequeñas empresas. Solicitamos también al poder judicial -magistrados, jueces y letrados de la Administración de Justicia- que sean flexibles en cuanto a las actuaciones más inmediatas y posibles plazos judiciales, especialmente para las personas físicas (más desfavorecidas) y pymes, atendiendo un posible aplazamiento o ampliación del plazo.
Finalmente, desde nuestro punto de vista, no debemos ver esta situación solamente como una amenaza o riesgo, sino también como una oportunidad. Las empresas, particularmente las pymes, deben aprovechar esta desgraciada experiencia para implementar nuevos procedimientos en sus organizaciones que les permitan dar un salto al futuro aprovechando toda la potencialidad tecnológica que ofrece el nuevo concepto de Industria 4.0.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.