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La decisión del juez de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de ofrecer al exministro de Transportes y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, la posibilidad de prestar declaración voluntaria en calidad de imputado –el próximo 12 de diciembre– « ... en la causa abierta contra él por la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia», y la asunción por el magistrado de la investigación a ese respecto sobre los actos de Víctor de Aldama y Koldo García describen la presunta existencia de un proceder deliberado entre esas tres personas para infringir la ley. Con la posibilidad no sólo especulativa de que los integrantes de ese triángulo se vean dificultados para disociar su suerte judicial tanto en éste como en otros eventuales casos. De entrada, la invitación cursada por el juez a Ábalos le emplaza a que opte entre declarar o no voluntariamente antes de que el Supremo proceda, según todos los indicios, a tramitar el suplicatorio al Congreso para seguir con el procedimiento. El aforamiento –en esta ocasión del diputado Ábalos– no asegura un proceso y, en su caso, un veredicto más benigno que renunciando a él. Pero acorta la secuencia procesal y brinda al investigado una notoriedad que puede compensar en parte los sinsabores de una acusación en ciernes.
El magistrado Leopoldo Puente ha ofrecido a José Luis Ábalos la oportunidad, además, de distanciarse de quienes deberán comparecer ante él los días 16 y 17 de diciembre, respectivamente, Víctor Aldama y Koldo García. El presunto corruptor y el presunto urdidor de una trama que parecían moverse con sorprendente naturalidad en distintos ámbitos. Desde las relaciones con Venezuela hasta el núcleo de inteligencia de la Guardia Civil. Es posible que, al parecer tan descabellada la historia, los militantes socialistas se obstinen en pensar que en realidad no fue nada. O cuando menos nada que les incumba. En la convicción obligada de que todo ocurrió de Ábalos hacia abajo. Nunca hacia arriba de él –hacia Pedro Sánchez–, y tampoco hacia los lados de aquél o del actual gobierno; de aquella o de la actual cúpula socialista. Cuestiones que en ningún caso pueden estar presentes de antemano en la instrucción judicial. Pero que pesan en la opinión pública y en la disputa partidaria, a la espera de que el Tribunal Supremo y otras instancias judiciales vayan desentrañando todo lo ocurrido en torno al citado Ábalos.
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